El Ciudadano, 18 de noviembre 2022
Iniciativa modifica las bases generales de la Ley de Medioambiente (ley 19.300): “La norma chilena es mucho más laxa, es mucho más débil y más permisiva que los estándares que exige o que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, señaló el senador Juan Ignacio Latorre.
Esta semana, los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Francisco Huenchumilla (DC) y las senadoras Claudia Pascual (PC) e Isabel Allende (PS) presentaron un proyecto de ley denominado «Por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación», el cual modifica las bases generales de la Ley de Medioambiente (ley 19.300).
Al respecto, el senador Latorre explicó que «en la región de Valparaíso lo vemos cada cierto tiempo: episodios de contaminación muy agudos que afectan a la población, por ejemplo, en Quintero y Puchuncaví, en la zona de sacrificio, pero estas son normas y legislaciones ambientales para todo el país, para todas las zonas de sacrificio y para todas las regiones de Chile».
«El dato concreto», agregó el parlamentario del Frente Amplio, «es que la norma chilena es mucho más laxa, es mucho más débil y más permisiva que los estándares que exige o que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, insisto, protege la vida de las personas y también los ecosistemas».
El senador Latorre detalló en ese sentido que hay distintos parámetros para el material particulado MP10, particulado MP 2.5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono: «Hay estándares que son mucho más exigentes. Y, por otro lado, la propia Ley de Medio Ambiente establece que estas normas tienen que ser evaluadas, revisadas, cada 5 años y solo un porcentaje menor al 35% de las actuales normas de calidad del aire y de contaminación cumplen con este requisito que la propia ley chilena establece».
«Es decir, ni siquiera estamos cumpliendo la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente sobre elementos de contaminación del aire», fustigó el legislador.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual destacó que la iniciativa «no sólo obedece a una gran deuda que tenemos con las comunidades en relación a terminar con los efectos muchas veces irreparables de la contaminación ambiental, sino que también apunta al resguardo de derechos tan elementales como son el de salud, educación, y, sobre todo, a la vida e integridad física y psíquica de las personas».
