El Mercurio de Valparaíso, 13 de junio 2022
Congresistas de todos los sectores empatizan con el llamado del padre del carabinero asesinado, aunque difieren en fórmulas para dar respuesta.
Parlamentarios de diversos sectores políticos respondieron al emplazamiento del padre de carabinero David Florido, asesinado en Pedro Aguirre Cerda, quien pidió a las autoridades que -hagan la pega” y expresó sus reparos porque las policías “que son las indicadas para mantener el orden, y con todos los protocolos con los que cuentan, no los pueden emplear porque mañana van a ser cuestionados y se va a hablar de Derechos Humanos y cuántas cosas más”. Si bien empatizan con su llamado, difieren en tomo a las fórmulas para poder dar respuesta al clamor de Juan Carlos Florido en el responso de su hijo. Para el diputado Andrés Longton (RN), miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, el emplazamiento “es muy revelador.
Yo no le puedo sino encontrar toda la razón al padre de David, porque no es lo mismo cuando lo decimos nosotros a cuando lo dice el padre de un carabinero al que lo mataron protegiendo la vida de todos nosotros. Y tiene que ver con la legitimidad que ciertas autoridades no le están entregando a las policías, en particular a los carabineros”. En ese sentido, planteó que “cuando el padre dice que el hijo no sacó el arma porque hay temor alas represalias, es sintomático de lo que está viviendo nuestra sociedad, y eso no lo arregla una ley, lo arreglan los gestos que tienen que hacer las autoridades, los políticos, para darle legitimidad al actuar de Carabineros cuando está enfrentado a los delincuentes, de que el uso legítimo de la fuerza tiene que ser protegido y avalado por las autoridades. Entonces cuando un gobierno actúa con prejuicio frente al actuar de Carabineros, les quita el piso, lo (mico que hace es incentivar que finalmente esos carabineros no tengan la suficiente confianza para sacar su anua de servicio”.
“PUNTO DE INFLEXIÓN”
Longton espera que para el Gobierno “esto sea un punto de inflexión, de que las policías necesitan ser protegidas para que puedan ejercer de buena manera su rol. Yo le preguntaría al Presidente Boric ¿a cuántos proyectos que protegen a nuestras policías él le ha puesto urgencia? A ninguno”. En cuanto al desarme planteado por Boric, Longton señaló que “si quiere erradicar las armas de nuestra sociedad parta por, primero, quitárselas a los delincuentes y proteger a nuestras policías, pero no pretenda que las familias pacíficas no recurran ala legítima defensa para proteger a sus seres queridos”. En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza (PS), dijo compartir “la exigencia del padre del cabo Florido en el sentido que se investigue a fondo esto y se ponga coto a este asunto, no podemos seguir dejando que esta gente dispare por las calles de manera tan alevosa, exhibiendo sus armas en una peluquería como fue en este terrible caso”.
Frente a quienes piden aumentar las penas para este delito, Insulza recordó que “hay una ley del año 2005 que castiga el homicidio de un carabinero en acto de servicio con presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado, es decir, no podríamos aumentarle la pena porque no existe otra pena más alta que esa. Efectivamente, hay una ley presentada hace tiempo por el Presidente Piñera para mejorar la protección a Carabineros, pero se trata más bien de impedir que se aplique en estos casos la libertad condicional, asegurar que paguen la pena completa, que también se sancionen las amenazas en insultos a carabineros, entre otras cosas. Eso es lo que está como posibilidad, pero en ningún caso el aumento de las penas, porque las penas ya son las más altas que puede haber”.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo apoyar “la propuesta del Presidente Boric de terminar con las armas en manos civiles. Ahí debemos poner el foco. Además, controlar los focos de corrupción que pueden existir en instituciones públicas con el monopolio de las armas que terminan en tráfico y en manos de organizaciones criminales, lo cual amenaza la seguridad pública y atenta contra los mismos carabineros y policías de Investigaciones”.
RESPALDAR A LAS POLICÍAS
A su vez, el diputado Andrés Celis (RN) subrayó que “lo que nos pide la gente es que apuremos el reglamento de la Ley de Control de Armas, que se demoró 14 años en el Parlamento; lo que nos pide la gente es que Carabineros tenga mayores atribuciones, que aumentemos las sanciones a aquellos que agreden a carabineros, es decir, que en el fondo hay que defender, hay que proteger, darle mayor seguridad y respaldo a las policías”. Celis adelantó que “si una persona cumple con los requisitos que establece la ley, yo voy a apoyar el porte y tenencia de armas, ya que las exigencias son altísimas, así que, al menos yo, voy a estar con las víctimas”.
En tanto, el diputado Diego Ibáñez (CS) recalcó que “no hay una contradicción entre respetar los derechos humanos y generar un combate profesional y efectivo contra el crimen organizado. Existen ejemplos en las policías del mundo donde esto es posible, aquí tenemos que velar por la seguridad de la gente, de los funcionarios de Carabineros mediante mejoras en los protocolos, aumentar su articulación con la Policía de Investigaciones y reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia reformas que mejoren la situación de seguridad, como el control de armas que disminuya el poder de fuego de la delincuencia”.
El parlamentado del Distrito 6 hizo notar que “la experiencia de los países cercanos nos ha enseñado que combatir la violencia con anuas para la población civil termina en un cuento muy horroroso, sin resultados exitosos para mejorar la seguridad de la comunidad. Coincidimos con nuestro Presidente en que una sociedad armada es una sociedad más violenta, y por ende, es más peligrosa”. El diputado Luis Sánchez (P. Rep), por su parte, remarcó que “las palabras del papá del cabo Florido dan cuenta de un dolor no sólo suyo, sino de cientos de padres y madres, esposas y maridos, hijos que han perdido a alguien en manos del narco y del terrorismo por la desidia del Estado de Chile, por culpa de autoridades políticas sin carácter, jueces activistas, fiscales cobardes. Necesitamos un cambio de fondo donde la justicia haga su trabajo, donde se persiga y encarcele a los delincuentes y no los dejen libres para aterrorizar a nuestros compatriotas”.
