La Tercera, 20 de mayo 2022
Por Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, y Sebastián Benfeld, Coordinador Escazú Ahora Chile
Se acabó el tiempo. El pasado 15 de mayo, Chile agotó por completo todas las reservas naturales que tenía disponibles para el año 2022. A partir de ahora empezamos a correr en números rojos, malgastando los recursos naturales que debiéramos ocupar en 2023.
Esto que acabamos de mencionar tiene un nombre: sobregiro ecológico. Se denomina así a la fecha en que la demanda de la humanidad por recursos y servicios de la naturaleza, es decir, nuestra huella ecológica, sobrepasa lo que la Tierra puede regenerar durante un año (biocapacidad). Algo que en nuestro país ya conocemos muy bien.
Por tercer año consecutivo, Chile ha sido el primer país de toda Sudamérica en entrar en sobregiro ecológico. Esto no tan solo debiese ser motivo de preocupación, sino también de ocupación y requiere un llamado importante y urgente a tomar acción por la defensa y protección de la naturaleza.
La semana pasada la Cámara de Diputados y Diputadas dio el primer paso. Por 105 votos a favor, lo/as parlamentario/as de la Cámara Baja aprobaron transversalmente el proyecto de acuerdo que respalda la adhesión oficial de Chile al Acuerdo de Escazú.
Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que aboga por la protección de las y los defensores ambientales. Se trata de un instrumento inédito que tiene como objetivo combatir el avance de la crisis climática dando más herramientas a las personas y comunidades para que puedan defender su entorno.
En concreto, este tratado garantiza cuatro derechos fundamentales para todas las personas: 1) acceder a la información ambiental y saber cuestiones indispensables para nuestro diario vivir, conocer el estado de la calidad del aire que estamos respirando o el agua que estamos bebiendo ; 2) participar en la toma de decisiones ambientales, velando porque la opinión de la ciudadanía sea tomada en consideración antes de ejecutar algún proyecto que pueda impactar en el medio ambiente; 3) alzar nuestras voces por la defensa del medio ambiente en un entorno seguro y propicio para ello, libre de amenazas e inseguridades y, 4) tener acceso a la justicia nacional en asuntos ambientales, cada vez que nuestros derechos puedan ser vulnerados o restringidos.
El Acuerdo de Escazú ha sido catalogado por diferentes expertos en la materia como el “Tratado por los Derechos Humanos y el medio ambiente” más importante de los últimos 20 años, lo que reafirma lo significativo de que la Cámara baja lo haya aprobado con una gran amplitud la semana pasada.
Ahora corresponde al Senado pronunciarse sobre este trascendental acuerdo. El martes de esta semana, las comisiones unidas de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores iniciaron oficialmente su tramitación a fin de ser prontamente despachado a votación a la Sala de la Cámara Alta.
Visualizamos con esperanza y entusiasmo la tramitación realizada hasta ahora por el Congreso. Ante un planeta en crisis, requerimos de soluciones concretas y certeras, y el Acuerdo de Escazú va en esa dirección. Esperamos que este tratado pueda ser aprobado con la misma fuerza y respaldo que tuvo en la Cámara de Diputados el próximo 31 de mayo en la Sala del Senado, a fin de poder enmendar el rumbo que hemos llevado estos últimos años en política ambiental y climática de nuestro país. Debemos pasar de un mundo egocéntrico a uno ecocéntrico y Escazú apunta hacia aquel objetivo.
