El Ciudadano, 23 de noviembre 2021
Legisladores hicieron alusión a la situación que se vive en las zonas de sacrificio, principalmente Quintero y Puchuncaví, y llamaron a avanzar “con altura de miras y a no retroceder en protección ambiental”.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado inició el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir Resolución de Calificación Ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual Institucionalidad Ambiental, que data de 1997.
La moción es patrocinada por los senadores Ximena Órdenes (IND) -presidenta de la instancia parlamentaria- Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Alfonso De Urresti (PS) y Yasna Provoste (DC).
En la sesión, expuso el director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, Hernán Brücher, quien hizo presente que, a su juicio, la institucionalidad «ya fiscaliza» por lo que lo propuesto por los senadores «ya estaría debidamente regulado». Asimismo, cuestionó la retroactividad del proyecto, pues según precisó, «sería más eficiente canalizar a través de los instrumentos de carácter superior».
«No es que los parques industriales y, sobre todo aquellas empresas que no hayan ingresado al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), estén dejadas a la buena de Dios, sin regulación. Está el tema de la calificación industrial que tiene que regir en los parques industriales, especialmente, en consideración a la normativa sanitaria y la ordenanza general de urbanismo y construcción», aseguró Brücher.
Por su parte, los legisladores hicieron alusión a la situación que se vive en las zonas de sacrificio, principalmente Quintero y Puchuncaví, y llamaron a avanzar «con altura de miras y a no retroceder en protección ambiental». En este sentido aseguraron que este es un debate «que no se puede eludir», advirtiendo que la iniciativa «no puede afectar la actividad económica».
Finalmente, la Comisión acordó invitar para su próxima sesión al SEA -nuevamente- y al Superintendente de Medio Ambiente.
