El Mercurio de Valparaíso, 3 de octubre 2021
La valoración del plebiscito del 5 de octubre de 1988, como punto de partida del proceso de restauración de la democracia en Chile, se bifurca inevitablemente a la hora de revisar logros y errores del ciclo conducido la mayor parte de sus tres décadas por la Concertación.
A 33 años del plebiscito del 5 de octubre, que marcó el inicio de la transición a la democracia, y luego del estallido social de 2019, que derivó en un nuevo referéndum y en la elección de los 155 convencionales que comenzaron la elaboración de una nueva Constitución, las miradas sobre los logros y los errores del ciclo político iniciado en 1988 se contraponen inevitablemente.
El cuestionamiento a los “30 años” enarbolado en las masivas marchas, y también en los hechos de violencia a contar del 18 de octubre, apunta ese ciclo, gobernado durante gran parte de sus tres décadas por la ex Concertación de Partidos por la Democracia.
Para unos, el mejor periodo de la historia del país. Para otros, la mera administración del modelo económico de la dictadura que profundizó la desigualdad. Entre una y otra postura, también hay matices, vinculados particularmente con el espacio de maniobra que permitía la permanencia de un Pinochet al mando del Ejército primero y senador vitalicio después.
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SE RECUPERA LA DEMOCRACIA Y SE MANTIENE EL MODELO “Todo lo que aconteció, antes, durante y después del plebiscito fue un hito muy potente en la historia reciente de Chile, por cuanto posibilita derrotar al dictador y la salida democrática a la dictadura. Eso requirió mucho esfuerzo, organización popular, unidad social y política, y arrojó un resultado democrático muy contundente, en paz, sin violencia”, observa el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre.
“En un balance crítico, se recupera la democracia, pero se mantiene el mismo modelo económico de los Chicago Boys impuesto en dictadura. En lo estructural, existen el decreto ley 3.500, que crea las AFP; el Plan Laboral de José Piñera, la privatización de la salud y de la educación, vale decir, la implementación de un modelo neo-liberal en extremo en la década de los 70, consolidado en los ’80 con la propia Constitución. Eso no se toca, por una negociación política para facilitar la transición a la democracia, y hay una subordinación al modelo económico”.
La Concertación, opina el parlamentario, profundiza políticas como la apertura económica mediante tratados de libre comercio, y aunque intenta disminuir la pobreza y aumenta el gasto social, “no toca estructuralmente el modelo ni opta por superar la Constitución del ’80, que ya había planteado Frei Montalva como un desafío ineludible de las fuerzas progresistas”, mientras se desmoviliza “el fuerte tejido social comunitario para enfrentar la pobreza y la miseria en las poblaciones, pero también la organización popular para resistir en la dictadura”; se privilegia “una lógica oligopólica de los medios de comunicación y se impone en los partidos de la Concertación una dinámica clientelar”.
De esa manera, sostiene, “se reproduce una sociedad desigual, excluyente, sin participación, donde no hay una adecuada articulación de los movimientos sociales, para poder canalizar los conflictos sociales o las demandas populares, por la vía institucional, política y democrática”.
Ese divorcio -expone el parlamentario- se empieza a producir después del plebiscito, “en la negociación por la transición que se profundiza en la década de los 90 hasta que el malestar de las bases con las élites políticas y económicas estalla con mucha fuerza el 18 de octubre”.
Tras ello, “se ha podido canalizar el malestar social, las demandas populares, a través de un proceso constituyente histórico, como el que estamos viviendo hoy día. Es un ciclo que se cierra y otro ciclo que se abre, post 18 de octubre, con el plebiscito constituyente y el proceso constituyente en marcha”.
