Radio Universidad de Chile, 17 de agosto 2021
“Hemos recibido una denuncia de diversos abogados de que el Ministerio ha comenzado a rebajar condenas e indultar a personas condenadas por violaciones a los Derechos humanos, lo cual infringe obligaciones internacionales de nuestro Estado”, sostuvo Isabel Allende.
Los senadores de oposición Isabel Allende (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD), enviaron un oficio al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, a través de la mesa de esa Corporación, y solicitaron que el secretario de Estado aclare las denuncias de un grupo de abogados de Derechos Humanos, quienes acusaron que dicha cartera estaría rebajando penas a condenados por delitos de lesa humanidad en el contexto de la dictadura militar, y bajo amparo de la Ley 19.586.
Al respecto, la senadora Allende explicitó que “hemos recibido una denuncia de diversos abogados de que el Ministerio ha comenzado a rebajar condenas e indultar a personas condenadas por violaciones a los Derechos humanos, lo cual infringe obligaciones internacionales de nuestro Estado, otorgando impunidad frente a delitos tan graves que no pueden ser objeto de beneficio alguno, salvo que se cumplan con los estándares del Estatuto de Roma”.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre expresó: “Hay un consenso civilizatorio a nivel internacional sobre los crímenes de lesa humanidad y las gravísimas violaciones a los derechos humanos, que son imprescriptibles e inanmistiables. Por lo mismo no serían sujeto de beneficios penitenciarios, y es muy grave la denuncia de distintos abogados de derechos humanos sobre las gestiones políticas que estaría haciendo el Ministro Larraín para dar beneficios penitenciarios a criminales de lesa humanidad.
“Por eso hemos solicitado a través de un oficio que rinda cuentas de esta información que nos ha llegado, que nos parece una denuncia muy grave y que sería un retroceso civilizatorio incluso con convenios ratificados por Chile, a nivel internacional, en materia de derechos humanos”, agregó.
De acuerdo a los antecedentes, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se han otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas, los que en su mayoría se han informado cuando las medidas ya se han aplicado.
Los abogados Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, todos litigantes en causas de derechos humanos, señalaron que “existiría responsabilidad del Estado por estas rebajas de penas que violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que se sienten burladas nuevamente en sus expectativas de lograr plena justicia”.
Por todo esto, los parlamentarios expresaron, además, su preocupación respecto al trato desigual de los presos, debido a que el gobierno ha optado por indultar en los delitos más graves, como son los casos de lesa humanidad, mientras que se ha mantenido reticente para cualquier salida para los presos del estallido.
