El Ciudadano, 25 de junio 2021
La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, advirtió que este tipo de expulsiones masivas son “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.”
Durante la mañana del jueves, 72 personas fueron devueltas a su país de origen en una nueva jornada de expulsión masiva de migrantes. Este vuelo es el quinto de los quince contratados a la aerolínea Sky para la expulsión de más de dos mil extranjeros, pese a los cuestionamientos surgidos de distintas organizaciones e incluso de la Corte Suprema.
Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones, puntualizó que se trata de “72 personas, de las cuales 45 son judiciales. Entre los delitos a los que estas personas fueron condenadas está secuestro, principalmente tráfico de drogas, también tráfico de armas, robo con violencia, hurto agravado y otros”.
La autoridad agregó que las otras 27 personas fueron expulsadas por vía administrativa, debido a que “la gran mayoría tenía antecedentes penales en su país de origen”. Adicionalmente, aseguró que “estas personas no tienen vínculo con niños, niñas o adolescentes, por lo tanto, el proceso de expulsión que fue cada caso de forma individual, la gran mayoría definido por la Corte”.
Diversas voces se han opuesto a esta medida. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, advirtió que este tipo de expulsiones masivas son «medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general, y por el artículo 22.1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en particular”, y que todos los procedimientos de expulsión del país deberían ser evaluados individualmente para cumplir con la normativa internacional.
Por su parte, Eduardo Cardoza, dirigente del Movimiento de Acción Migrante, declaró al Diario UChile que “el Gobierno no escucha al mundo y ni siquiera al Poder Judicial, es una especie de sordera ideológica que niega en los hechos el enfoque de derechos humanos en estos temas”.
El Servicio Jesuita a Migrantes informó que 45 personas fueron expulsadas por orden judicial, 14 fundadas en procedimientos administrativos y una por ingreso al país por lugar no habilitado: “Las 14 expulsiones por vía administrativa configuran expulsiones masivas que han sido condenadas por organismos internacionales y eso nos preocupa porque a esto le siguen una serie de dificultades. Ayer a las 6 de la mañana se detuvo a una mujer que era sostén de hogar, con una hija embarazada y por quien se presentó un recurso de amparo ante la Corte, pero aún no sabemos la resolución de eso”.
Desde la oposición, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) solicitó una sesión especial en el Senado “con apoyo de todos los Comités de la oposición, para analizar la política del gobierno de Piñera por las expulsiones colectivas de personas migrantes, que en algunos casos sería una política de medidas arbitrarias e ilegales, incluso con referencias muy contundentes por parte de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, organizaciones de DD.HH, clínicas jurídicas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las personas migrantes.”
El senador agregó que el contrato del gobierno con la aerolínea Sky Airlines “también se convertiría en un negocio privado y en una política sistemática y permanente, dado que esto se va a repetir en el tiempo.”
“Me parece que con los antecedentes expuestos hoy en la sesión especial del Senado, se deberían activar mecanismos de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas al Gobierno, para que rinda cuentas al Congreso Nacional sobre esta política de expulsiones colectivas a personas migrantes que sería arbitraria, ilegal y vulneratoria a los derechos humanos”, sentenció Latorre.
