El Mostrador, 24 de junio 2021
“El Gobierno tiene razón al decir que algunas de esas expulsiones están apegadas al debido proceso. Pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están”, explicó el vocero de SJM durante la sesión especial realizada hoy en el Senado, que coincidió con una nueva expulsión masiva de migrantes. La sesión fue solicitada por Juan Ignacio Latorre (RD), quien dijo que se deberían activar mecanismos de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados, sobre todo por “los antecedentes conocidos el día de ayer, sobre el contrato del Gobierno con una aerolínea, favoreciendo incluso intereses empresariales”. Desde la bancada del PS recordaron que el mismo presidente de la Corte Suprema ha manifestado que las expulsiones masivas de migrantes son “medidas prohibidas por el derecho internacional”.
Una Sesión Especial desarrolló el Senado esta jornada para abordar la política del Gobierno frente a las recientes expulsiones masivas de personas migrantes y el respeto a sus derechos humanos. La sesión coincidió con un nuevo operativo de deportación de cerca de 60 personas migrantes (de nacionalidades colombiana y argentina), detenidas en Arica y Santiago.
La sesión en la Cámara Alta contó con la asistencia del subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, y de representantes de Unicef y de la Defensoría de la Niñez y organizaciones pro migrantes, como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Por esta entidad intervino el director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, quien recalcó en su intervención que “le pedimos al Gobierno que detenga las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos, aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo”.
El directivo reiteró que la mayoría de las expulsiones dictadas y ejecutadas durante este año por el Gobierno, son “ilegales, colectivas y no han respetado estándares mínimos de debido proceso”.
“Lo que buscamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil es no repetir la historia reciente que hemos visto con las expulsiones. Tres vuelos, con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile. El Gobierno tiene razón al decir que algunas de esas expulsiones están apegadas al debido proceso. Pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están. Porque no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico, que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, donde no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse”, explicó el vocero de SJM.
A juicio de Figueroa, “el gran y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, es que ustedes (El Gobierno) han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso a su obligación de investigar cada caso. Porque ya lo dijo la Corte Suprema hace poco: ingresar por un paso no habilitado no es causal suficiente para expulsar a alguien del país”.
“Este es un negocio privado y una política sistemática “
La sesión especial que se realizó hoy en el Senado, fue solicitada por Juan Ignacio Latorre (RD), quien sostuvo que estas medidas de expulsión en algunos casos son “arbitrarias e ilegales, incluso con referencias muy contundentes por parte de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, organizaciones de DD.HH, clínicas jurídicas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las personas migrantes”.
“Me parece que además los antecedentes conocidos el día de ayer, sobre el contrato del Gobierno con una aerolínea, favoreciendo incluso intereses empresariales como el sobrino del señor Paulmann, que dirige la línea Sky Airlines, también se convertiría en un negocio privado y en una política sistemática y permanente, dado que esto se va a repetir en el tiempo”, criticó el parlamentario.
Finalmente, sostuvo que “me parece que con los antecedentes expuestos hoy en la sesión especial del Senado, se deberían activar mecanismos de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas al Gobierno, para que rinda cuentas al Congreso Nacional sobre esta política de expulsiones colectivas a personas migrantes que sería arbitraria, ilegal y vulneratoria a los derechos humanos”.
“Nos preocupa el cumplimiento de la legislación y la imagen de Chile”
Por otra parte, la bancada de senadores socialistas exigió al Gobierno el cumplimiento estricto de las normas básicas del debido proceso, calificando a estas expulsiones como vulneratorias a los DD.HH., exigiendo la suspensión inmediata de las mismas.
“Estas expulsiones masivas violan los derechos humanos de los inmigrantes, y en algunos casos han sido revocadas por los mismos tribunales, al acoger recursos de amparo presentados por los afectados”, detalló la senadora Isabel Allende.
Este grupo parlamentario recordó que el mismo presidente de la Corte Suprema ha manifestado que las expulsiones masivas de migrantes son “medidas prohibidas por el derecho internacional”. Dicha situación se ha traducido en la crítica del Ejecutivo respecto de las sentencias del Poder Judicial, lo cual, a juicio de los legisladores PS, raya en la intromisión en las decisiones de otro poder del Estado.
Este miércoles se ingresó un proyecto de acuerdo impulsado por el comité de senadores socialistas, con el objetivo de “instruir al señor ministro del Interior y al subsecretario de la misma cartera detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional”.
El senador y jefe de bancada, José Miguel Insulza, explicó que “como legisladores nos preocupa no solo el cumplimiento de la legislación y la imagen de Chile; sobre todo, los derechos de quienes han venido a nuestro país con la intención de salir adelante o huyendo de situaciones precarias y de crisis”.
El proyecto de acuerdo añade que las expulsiones realizadas bajo la administración Piñera han sido criticadas, incluso, por organismos internacionales, como Naciones Unidas, que llamó al Estado de Chile a cumplir con los tratados internacionales de respeto a los derechos humanos de los migrantes e instó a suspender de inmediato estas expulsiones, sumándose a las críticas debido a las “expulsiones de fin de semana” que ha ejecutado el Gobierno.
Por último, el proyecto de acuerdo recalca que “nos inquieta que estas personas se enfrenten a una nueva separación de las familias debido a la conducta de este Gobierno y, en especial, nos alerta de qué manera esta expulsión puede afectar a niñas y niños y adolescentes”, indica el documento.
El análisis legal
Durante la sesión, Macarena Rodríguez, de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, que junto a su símil de la Universidad Diego Portales, trabajan en la defensa de las personas migrantes con el SJM, indicó que “la autoridad ha señalado que lo que hace en estas expulsiones es aplicar la ley, entonces le pedimos que efectivamente lo haga. Chile tiene una Ley de Refugio y un procedimiento al cual muchas de las personas expulsadas podrían acogerse, pero, por el contrario, hoy se les niega esta posibilidad. A diferencia de lo que han resuelto otros países de la región, que precisamente les han otorgado un estatus regular atendida su condición y del llamado que han hecho los organismos internacionales, la autoridad les impide acceder a la Ley de Refugio”.
A su vez, Francisca Vargas, por parte de la Clínica Jurídica Migrante y Refugiada, de la Universidad Diego Portales, sentenció que “estas expulsiones transgreden directamente el artículo 8 transitorio de la nueva Ley de Migraciones (21.235), que suspende las expulsiones del país de personas que hayan entrado por un paso no habilitado, pues se indica que se da un plazo de 180 días a las personas que hayan ingresado de esta manera, para que salgan del país sin sanción alguna, lo que permite que desde fuera puedan tramitar un visado sin quedar con prohibición de ingreso. Es necesario que la autoridad detenga las expulsiones ilegales y colectivas y que los tribunales del país paralicen estas situaciones tan nefastas para nuestro Estado de derecho y los derechos humanos de las personas”.
