El debate sobre el voto obligatorio: Políticos y analistas discuten su reposición de cara a las presidenciales

El Desconcierto, 21 de junio 2021

Para algunos es un paso adelante para garantizar una participación real de la ciudadanía en los procesos electorales, acabar con el sesgo de clase y sostener el régimen democrático; para otros es un recurso «fácil», que no resuelve la crisis de confianza en la política, uno de los problemas de fondo del abstencionismo en Chile. ¿Un derecho o una obligación? ¿Fabricar legitimidad o garantizar influencia de la ciudadanía? El Desconcierto conversó con expertos y políticos que desmenuzan los pros y contras de un eventual retorno a la obligatoriedad.

«Apoyé el voto voluntario porque estaba segura de que los chilenos teníamos un espíritu cívico más alto (…) y, honestamente, me equivoqué». Las palabras son de la ex presidenta Michelle Bachelet en 2015, tres años después de la primera elección en que la ciudadanía no concurrió a las urnas por imperativo legal. La nueva forma se estrenó en las municipales de 2012: “Esta reforma significa una invitación a reenamorarnos de la democracia”, había dicho el presidente Sebastián Piñera al momento de la promulgación.

La semana pasada, por 105 votos a favor y 33 en contra, la Cámara de Diputados despachó al Senado la reforma constitucional para reponer el voto obligatorio: “El proyecto tiene sólo dos excepciones: los chilenos en el extranjero y las elecciones primarias. Lo demás es universal y obligatorio”, precisó la diputada Joanna Pérez (DC), una de sus impulsoras.

El debate para volver a la obligatoriedad del voto no es nuevo, pero se retomó con fuerza tras los resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo, que pese a ser trascendentales para el proceso constituyente, convocaron solo a un 43% del padrón. La segunda vuelta del domingo pasado, que dejó una participación baja histórica del 19,5%, profundizó en la discusión. Aunque la tendencia a la baja participación es una realidad desde la entrada en vigor del voto voluntario, volver a atrás no convence a todos por igual. La calculadora electoral no está al margen del debate y contamina una discusión que encuentra beneficiados y perjudicados en todos los sectores.

¿»Fabricar la legitimidad»?

“Para lo único que le sirve el voto voluntario a los políticos es para saber cuáles son sus nichos. Con el voto obligatorio tienen que hablarle a toda la ciudadanía y eso es más complejo”, explica Carolina Garrido, académica de la Universidad Diego Portales e integrante de la Red de Politólogas. Para la experta, que ha publicado una exhaustiva minuta sobre el tema donde defiende la influencia de la ciudadanía sobre sus autoridades a través del voto, esta reforma obliga a la clase política a “ir a buscar a la gente [fuera de su nicho] para no perder” y –dice– “agrega más incertidumbre” a los resultados.

Apuntar hacia un sector que pueda beneficiarse del voto obligatorio es complejo en el escenario actual, que es líquido y abierto: “Es difícil anticipar cuál va a ser el resultado ante el nuevo contexto, entonces es difícil anticipar a favor de quién puede jugar”, sostiene Pablo Marshall, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Según él, ahora las instituciones “no están siendo mandadas por la ciudadanía [porque apenas participa]”, por lo que se agranda aún más la distancia entre ambas. “Hay discusión sobre si se puede fabricar la legitimidad, pero obligar a votar hace que los resultados sean la voluntad de la ciudadanía y nadie los pueda desconocer”, añade.

El sociólogo, analista y director de la encuesta Data Infuye, Axel Callis, en cambio, cree que el voto obligatorio “es el camino fácil” y que no resuelve “la crisis de representación, el acceso al voto, ni mejora la calidad de la política”. “Se oculta el síntoma más importante con una medida administrativa”, precisa. Callis considera que la abstención es multicausal y que va más allá de las razones ideológicas o de “rebeldía electoral”. Su diagnóstico apunta a un sistema político que “no se hace cargo de sus propias faltas, como tener una mala oferta, la falta de representación, la falta de renovación, etc.” y que transfiere a la ciudadanía “la culpa de no votar, por eso le obliga”.

“El voto es un derecho, pero también una responsabilidad”, comenta Marshall, quien considera esa contraposición como una “falsa dicotomía”. La premisa de que los ciudadanos están en su libertad de no acudir a sufragar y vivir al margen de la vida política de su país “es equivocada”, a su juicio. Carolina Garrido coincide en ese punto, pero considera, también, que más allá de un derecho individual, votar “sostiene el régimen democrático que permite proteger el resto de libertades individuales que tenemos”.

Barreras y sanciones

El sesgo de clase en la participación, es decir, la diferencia de votos que se reciben en las comunas más pudientes respecto las más populares, es uno de los argumentos más repetido por los partidarios de la obligatoriedad. Para Callis, en cambio, la respuesta a este desajuste pasa por “acercar el voto a las personas con menos recursos”. El analista insiste en este punto: “El voto obligatorio es una medida de la elite que no entiende que hay una parte importante de la población que no puede acceder al voto porque no tiene dinero para ir al colegio electoral, viven lejos de su local más cercano o no disponen de locomoción”, afirma. Según sus encuestas, la abstención contingente (por razones económicas, de acceso, etc.) estaría en torno al 30% del total de personas que no votan. “El sistema electoral chileno no se hace cargo de esas barreras y no se puede sancionar a los más pobres porque no votan”, asevera.

Carolina Garrido opina en esta misma línea: “El problema es instalar una sanción extremadamente grande y que terminen pagándola los más pobres, que no fueron a votar porque tenían que trabajar, no tenían plata para la micro o porque las mujeres no tenían con quien dejar a las personas que están cuidando, pero no porque no quisieron cumplir con la norma”. Para eso, propone que el voto obligatorio se acompañe de un conjunto de normas que faciliten el acceso. Si esto se cumple, es partidaria de aplicar sanciones “altas” a los abstencionistas porque “si la sanción es baja no hay incentivo para cumplir la norma”, dice.

La reforma constitucional en trámite no incluye la regulación de las sanciones. De aprobarse, éstas se establecerían en una ley orgánica aparte: “Aparentemente, no hay multas. Si sale la norma, pero no el reglamento –al estilo chileno–, quedará en nada y [el voto] seguirá siendo voluntario, aunque se llame obligatorio”, cuestiona Axel Callis.

Tal y como está planteada la propuesta, la inscripción al padrón electoral va a ser automática. Para quienes no quieran votar, se estudia la opción de darse de baja del registro a través de algún tipo de trámite: “Hay que darle una vuelta para no tener una avalancha de gente que se deshabilite, [una fórmula] que no sea renunciar de forma fácil, como con la clave única, porque entonces no tendría ningún sentido la discusión del voto obligatorio”, expresa Garrido.

Pablo Marshall considera importante que se incluyan “alternativas para expresar el rechazo de quienes no creen en este sistema político o en la democracia representativa”. Para ellos propone “generar un sistema alternativo de excusas que sea tan costoso para la gente como ir a votar y que permita expresar el descontento o desacuerdo con el sistema”. Un “trámite” que, dice el académico, podría hacerse en la misma mesa electoral el día de la votación. “Nadie se tiene que sentir obligado a participar si tiene una objeción seria, pero el ‘me da lata’ no entra aquí”, recalca. A su parecer, el voto nulo o blanco no refleja con claridad los matices del rechazo: “El voto blanco significa que uno no apuesta por ninguno de los candidatos, no necesariamente es un rechazo al sistema; el voto nulo, por su parte, puede ser fruto de la confusión de alguien que no sabe votar y, sin querer, anula el voto”.

Debate abierto

Hay 27 países del mundo, el 13% del total, que tienen voto obligatorio, 12 de ellos –el 44% del total– ubicados en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Panamá Perú y Uruguay), según un informe de la Biblioteca del Congreso. Algunos como Chile, Guatemala y Venezuela tuvieron en algún momento de su historia voto obligatorio, pero cambiaron la legislación en 2009, 1985 y 1993, respectivamente. Otros, como Uruguay, lo hicieron a la inversa: en 1971 instauró el voto obligatorio, que se mantiene hasta hoy. “En Perú el voto obligatorio está casi destruyendo el sistema de partidos”, opina Axel Callis. En el país vecino, según él, el voto obligatorio “no ha mejorado la oferta ni la calidad de la política, incluso la puede empeorar”.

La apuesta por la obligatoriedad tampoco es unánime en la clase política. El diputado Gabriel Boric y la presidenta del Senado Yasna Provoste se han mostrado a favor de la iniciativa, pero otros, como el alcalde Daniel Jadue, se han mostrado menos favorables a instaurarlo ahora: «Siempre hemos sido partidarios, pero no sé si este es el momento”. Desde el Gobierno, el presidente Piñera no ha dicho claramente si quiere avanzar hacia la obligatoriedad. Solo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, comentó que la reforma actual adolece “de muchos problemas y defectos, algunos de los cuales fueron subsanados” y se refirió a la posibilidad de instaurar un “mecanismo de desinscripción”.

El senador (ind.) Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Gobierno, donde llegará el proyecto en las próximas semanas, es partidario de mantenerlo voluntario, pero propone que “las excusas sean obligatorias” para quienes no quieran votar. Su crítica principal apunta a la clase política como responsable de las bajas cifras de participación: “Existe una madurez cívica y política en nuestro país; lo que no existe es un acercamiento de las estructuras políticas con la ciudadanía”.

La senadora Loreto Carvajal (PPD), integrante de la misma instancia, en cambio, defiende la obligatoriedad: “Más allá de los derechos de la ciudadanía, también hay un deber, una obligación para profundizar en la democracia”, expresa.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) opina lo mismo y propone, además de facilitar el acceso y la información electoral, sancionar no solo con multas económicas, sino con “otro tipo de alternativas como el trabajo comunitario”. El Desconcierto preguntó también al Servel por su posición pública en el debate, pero el organismo optó por no referirse al tema «debido a que es una materia legislativa».

Todo parece indicar que el tiempo legislativo alcanza para que la reforma constitucional esté lista para las próximas presidenciales de noviembre. Sin embargo, parlamentarios y expertos coinciden que los avances para concretarla serán cuestión de voluntad política.