Interferencia, 28 de mayo 2021
Juan Ignacio Latorre (RD) es uno de los parlamentarios que presentó el proyecto de ley. En conversación con INTERFERENCIA, el senador indicó que en algunos casos ha existido “persecución penal con fines políticos”, algo evidenciado por detenciones irregulares y abuso de la prisión preventiva, entre otros.
“Es un debate abierto, pero en el proyecto de ley no hablamos de presos políticos, hablamos más bien de presos de la revuelta popular donde ha habido una persecución penal con fines políticos en algunos casos”, explica el senador Juan Ignacio Latorre (RD). Junto a los parlamentarios Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (MAS) y Yasna Provoste (DC); Latorre ingresó el pasado 9 de diciembre un proyecto de ley que busca entregar un indulto a personas que se encuentran privadas de libertad en el marco de manifestaciones durante el estallido social.
Esta semana, la Comisión de Seguridad Pública aprobó la idea de legislar la moción, avanzando a la Comisión de Constitución para su discusión. Anteriormente, fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos, por lo que el indulto comienza a acercarse a la recta final donde podría ser votado en el Senado.
Las razones detrás de impulsar el proyecto, de acuerdo con el senador Latorre, son varias, siendo necesario revisar las cifras presentadas dentro del proyecto de ley para entender el contexto que rodea el posible indulto.
Según se lee en el escrito presentado por los parlamentarios, durante la primera semana de manifestaciones se cuadriplicaron las detenciones ilegítimas, pasando del 2% al 7,6% de acuerdo con datos de la Defensoría Penal Pública. En marzo de 2020, “Amnistía Internacional señaló que “ha tenido conocimiento que cientos de personas se encuentran privadas de la libertad por delitos menores como el de ‘desórdenes públicos’”. A su vez, según se indica en la moción, el Poder Judicial detectó un aumento en un 77,7% en detenciones ilegales entre octubre y diciembre de 2019 respecto al año anterior. Durante el estallido, “se registraron 818 denuncias de hechos que constituyen violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, entre los que se encuentran “heridos por bala o perdigones, víctimas de golpes,de violencia sexual lo que incluye desnudamientos con sentadillas, tortura y otros tratos crueles”.
Es bajo este contexto que el senador de Revolución Democrática entrega argumentos para acusar persecución penal con fines políticos hacia manifestantes detenidos durante la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019. Destaca el uso abusivo de la prisión preventiva en casos donde la pena que arriesgan los imputados es presumiblemente menor a la que cumplen como medida cautelar; así como también las múltiples veces que el gobierno de Sebastián Piñera se querelló invocando la ley de Seguridad del Estado contra manifestantes por desórdenes en contraposición a la casi inexistente presentación de querellas por violaciones a los Derechos Humanos durante el mismo periodo.
En conversación con INTERFERENCIA, el senador Juan Ignacio Latorre repasó los motivos por los que entregar un indulto general a los presos de la revuelta constituye una solución política necesaria de cara al proceso constituyente que está viviendo el país, uno que además se hizo posible gracias a las movilizaciones en su amplio espectro.
“No se trata de una justificación a la violencia”, explica, ya que “el hecho de estar más de un año privado de libertad, en un contexto de pandemia además, sin haber sido condenado, con pruebas débiles, con torturas y con malos tratos” ya constituye un castigo.
¿Por qué nace la moción legislativa de indultar a personas recluidas en el marco de manifestaciones durante la revuelta popular?
El fundamento tiene que ver con el momento constituyente que vive Chile. Un periodo excepcional de masivas protestas sociales, así como también graves y masivas violaciones a los derechos humanos que abrió un proceso constituyente que se concretó a partir de esa crisis social. Y en esa transición hacia un nuevo modelo, un nuevo pacto social, político y económico, para quienes estuvieron en esas protestas y fueron detenidos en ese contexto – donde ha habido múltiples problemas relacionados con el debido proceso, con el abuso de la prisión preventiva, casos de torturas a detenidos –, hoy buscamos una salida política con el proyecto de indulto. Para esto haremos uso de la atribución constitucional que tenemos los senadores para presentar un proyecto de este tipo.
A propósito del abuso de prisión preventiva que menciona, ¿manejan en el Senado cifras acerca de cuántas personas recluidas en el contexto del estallido social siguen bajo esa cautelar?
Al momento de presentar el proyecto de ley el 9 de diciembre de 2020 se entregaron los datos que estaban disponibles oficialmente en el Poder Judicial. Ha habido un problema de transparencia con las cifras ya que ha habido dificultades para llegar a ellas. También ha habido problemas con la actualización de éstas, porque estos son datos que no son estáticos sino cambiantes; ya que una persona que puede haber estado un año en prisión preventiva le cambian la cautelar a arresto domiciliario y el proceso sigue abierto, entonces no está en la cárcel, pero sigue en arresto. Hay otras personas que ya han sido absueltas, otras que han sido condenadas incluso con penas menores al periodo al que ya cumplieron privadas de libertad. Las cifras son muy dinámicas y ha habido controversia con las que entregan distintos organismos del Poder Judicial. El mismo INDH se ha quejado de la falta de transparencia de las cifras.
¿Puede hablarse de prisión política para los casos de privados de libertad bajo el contexto del estallido social?
Ese es un debate abierto. Hay personas que mencionan que hay presos políticos, el juez Daniel Urrutia, Claudio Nash, lo dijo Huenchumilla ayer… Nosotros en el proyecto de ley no hablamos de presos políticos, hablamos más bien de presos del estallido social o de la revuelta popular donde ha habido una persecución penal con fines políticos en algunos casos.
Por ejemplo, con las querellas por ley de seguridad del Estado, como el caso del profesor que pateó el torniquete del metro, que es de los iniciales y también muy burdo, pero hay muchísimos más. El gobierno ha presentado una gran cantidad de querellas por ley de seguridad del Estado, a diferencia de las querellas por violaciones a los derechos humanos, que prácticamente no ha habido ninguna. Esa es una decisión política que toma el Ministerio del Interior, que toma el gobierno. Con eso hay una persecución penal y se usa la herramienta penal con fines de castigar y dar una señal ejemplificadora a quienes se manifestar bajo el contexto de la revuelta popular.
El abuso de la prisión preventiva también es una especie de señal de castigo anticipado a una persona que puede estar un año, un año y dos meses, un año y medio en algunos casos sin recibir condena ni que le cambien la medida cautelar, con pruebas insuficientes, con casos de tortura en muchos de los detenidos. Entonces todo eso configura un escenario de persecución política y penal a personas que salieron a manifestarse.
Hay quienes consideran que la prisión política sólo se da cuando “no se hace nada”, cuando no hay ninguna acusación delictual de por medio…
Hay algunos que plantean que un preso político es sólo el que está preso por lo que piensa. No, acá no se les juzga por lo que piensan o por ser militantes de un partido político, como ocurría en la dictadura; pero sí hay una persecución a personas, en su gran mayoría jóvenes que provienen del mundo popular y de la exclusión social, que salieron a protestar por un cambio al modelo, al modelo neoliberal, contra los abusos o contra el gobierno de Piñera; y ya han sido castigados duramente con represión, con violaciones a los derechos humanos, con abuso de la prisión preventiva, con querellas por la ley de seguridad del Estado. Todo eso configura una persecución político penal.
Tomando en cuenta el contexto sociopolítico actual, ¿considera que el proyecto de indulto será bien recibido por el país, o bien generará descontento? ¿Cree que hay un consenso por que se le otorgue la libertad a los presos de la revuelta popular?
Estoy consciente de que este es un proyecto controvertido, que genera polémica y conflicto social. También un debate democrático. Nosotros estamos usando una herramienta legislativa que nos da la constitución de presentar un indulto general que requiere 22 votos para ser aprobado en el Senado. La oposición tiene 24.
¿Existe la voluntad dentro de la oposición?
Ya pasó por dos comisiones del Senado, la de Derechos Humanos que yo presidía y la de Seguridad; siendo aprobada en ambas instancias por tres votos a favor y dos en contra. Ahora estamos esperando el trámite en la comisión de Constitución. La gran pregunta es si la oposición va a estar detrás de este proyecto, que ojo, lo presenté yo, pero lo firma y patrocina la senadora Yasna Provoste antes de ser presidenta del Senado y la senadora Adriana Muñoz siendo presidenta del Senado. También la senadora Allende y el senador Navarro, por lo tanto, habemos representantes de las distintas bancadas de la oposición y yo diría que genera bastante consenso. Hay que avanzar en este tema.
He escuchado a múltiples voces de los constituyentes electos – no sólo de la Lista del Pueblo, sino que también gente de la Lista del Apruebo, de Apruebo Dignidad, de los independientes –, gente que dice “mire, es sano para un proceso constituyente y democrático, que abrió el pueblo en la calle, que resolvamos políticamente sobre los presos del estallido social, que le demos una solución política”. Se genera cierto consenso, pero yo no espero que haya unanimidad. Obviamente hay sectores que se oponen. El gobierno se opone. Incluso amenazó con vetar el proyecto de ley.
Justamente en esa línea, el senador Felipe Kast (Evópoli), quien representa en parte el sentimiento del oficialismo frente a este proyecto, afirmó que este indulto sería una “justificación de la violencia”; un discurso que se ha repetido bastante en los disidentes del indulto. ¿Cómo interpreta esta declaración frente a lo que se busca con esta moción?
Cuando las sociedades se enfrentan a escenarios de crisis sociales y políticas muy profundas y hay momentos de fractura en la sociedad, éstas siempre implementan mecanismos de justicia transicional o excepcionales un momento excepcional de crisis que ha vivido el país. El proceso constituyente se canaliza y se abre a partir de esas masivas movilizaciones, entonces uno podría decir, siguiendo el argumento del senador Felipe Kast, que el proceso constituyente sería ilegítimo porque se justifica por la violencia, porque se logró imponer a través de la violencia. Y la verdad es que esa es una mirada muy simplista de entender un contexto muy complejo, donde hay una revuelta popular de millones de personas en la calle, donde hay escenarios sin duda alguna de desórdenes públicos; pero eso se gatilla por un malestar social muy profundo, por un modelo de desarrollo, por un mal gobierno también.
Finalmente se busca una salida política, que es la del proceso constituyente. Y este escenario del indulto a los presos de la revuelta también es una salida política, una que de alguna manera reconfigura vínculos. No se trata de una justificación a la violencia. Como decía Felipe Berríos ayer que estuvo en la comisión de seguridad, muchos de estos jóvenes, algunos adolescentes, que han estado completamente excluidos del sistema social, pasando algunos por el Sename, pudieron haber cometido desórdenes públicos en el contexto de la protesta social, y han pagado con creces muchos de ellos los delitos por los que son acusados. El hecho de estar más de un año privado de libertad, en un contexto de pandemia además, sin haber sido condenado, con pruebas débiles, con torturas, con malos tratos… Ahí ya hay un castigo.
