C. SUPREMA RESOLVERÁ SI ANULA PENAS POR ATAQUE A CUARTEL DE SAN ANTONIO

El Mercurio, 1 de mayo 2021

El Tribunal Oral de San Antonio declaró admisible un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de tres de las cuatro personas condenadas a penas remitidas de 540 y 600 días por los delitos de daños reiterados sufridos por un cuartel de la PDI y la sede del Ministerio Público en San Antonio. Estos recibieron impactos de balines de acero disparados con un arma de aire comprimido y hondas desde un auto en marcha, la madrugada del 3 de marzo de 2020, tras violentas jornadas de desórdenes.

Así, la Corte Suprema deberá resolver si anula el juicio, en el que uno de los condenados sí deberá cumplir las condenas en forma efectiva de ser ratificado. Se trata de Jordano Santander, quien además fue hallado culpable de homicidio frustrado y receptación, al dar por acreditado el tribunal que trató de atropellar al policía que intentó detenerlo y que en la maletera de su móvil había productos de una farmacia saqueada. Por ello, lo condenó a cinco años y un día y a 300 días.

La abogada de Jordano y de otros dos condenados, Betsabé Carrasco, alega que hubo falta de detalle y precisión en la sentencia respecto de la participación de los acusados, al señalar que estos dispararon contra la mampara de la fiscalía de San Antonio y el cuartel de la PDI ‘en circunstancias que solo uno de ellos, Claudio Bravo, fue quien disparó’.

La causa es calificada de ‘persecución política’ por parlamentarios que promueven una ley de indulto general contra los formalizados por delitos en el marco de la crisis social. Según el senador Juan Ignacio Latorre (RD), lo evidencia el que se desestimara la infracción a la Ley de Seguridad del Estado, invocada para justificar su prisión preventiva. ‘Esto se repite en muchos casos donde las pruebas son solo el testimonio de policías y ha habido montajes’, expresó el legislador.

Para el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, el proceso probó justamente lo contrario. El persecutor presentó mensajes de WhatsApp entre los condenados como evidencia de que junto a otras personas se organizaban para cometer desmanes, financiándose con la venta de productos saqueados. Según él, el contenido de estos mensajes revelan que los condenados se ufanaban de los daños que causaron, esgrimiéndolo como represalia por la colaboración de la PDI con Carabineros para contener la violencia en las calles.

‘Se nos decía que se trataría de una suerte de presos políticos y que no había pruebas. Pero se acreditó que había grabaciones de teléfonos, filmaciones que mostraban el paso del vehículo y un arma de aire comprimido capaz de realizar los daños, arrojada al exterior del vehículo cuando los imputados iban a ser detenidos’, aseveró. Sobre las denuncias de los imputados de haber sido sometidos a torturas tras su captura, dijo que se indaga, pero que no lo denunciaron al juez que controló la detención.