El Desconcierto, 29 de abril 2021
La propuesta legislativa interpreta una serie de leyes para mejorar las condiciones de las personas endeudadas por financiar su educación. Por su parte, algunos parlamentarios oficialistas argumentaron que la iniciativa sería inconstitucional.
La Sala del Senado respaldó la idea de legislar del proyecto que establece normas interpretativas con el fin de despenalizar las deudas en materia educacional, sean el Crédito con Garantía Estatal (CAE), el Fondo Solidario o el Crédito Corfo.
La votación fue de 25 a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Además, los parlamentarios fijaron como plazo para realizar indicaciones a la iniciativa, hasta el próximo 20 de mayo.
El proyecto interpreta la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de establecer que esta normativa es aplicable a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Asimismo, se modifican las leyes 19.287 y 20.027 (que crea el sistema de Crédito con Aval del Estado) con el objeto de terminar con una serie de condiciones que ponen a los estudiantes endeudados en situaciones de abuso e indefensión, según la normativa.
Por último, se realiza una interpretación legal que imposibilita aplicar los procedimientos regulados en la Ley de Insolvencia (nueva ley de quiebras) a las deudas adquiridas por estudiar en la educación superior.
Durante el debate en la Sala, algunos senadores manifestaron que “esta iniciativa no sería solo una norma interpretativa, sino que va más allá regulando normas que son propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, toda vez que dicen relación con la administración financiera del Estado, según lo prevé el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental”.
Sin embargo, los autores de la norma plantearon que este proyecto ofrece propuestas de reforma legal que permiten un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación, “poniendo término a una serie de situaciones que ponen a los estudiantes que han suscrito algún tipo de crédito para educación superior en situaciones de abuso, especialmente, ahora que el país y el mundo enfrenta una pandemia”.
En esa misma línea, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que “esta es una demanda social de cientos de miles de estudiantes que tenían que endeudarse en la banca para estudiar”. A lo que sumaron los dichos del senador Carlos Montes (PS), quien sostuvo que lo que “se busca es dotar de mayores derechos a los deudores del CAE, que puedan utilizar los mecanismos de los deudores en general y poner el CAE como tema político de relevancia”.
Sin embargo, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Coloma, argumentó que “el apego a la norma constitucional parece ser secundario, cuando es claramente inconstitucional y nadie se hace cargo de una obligación tan relevante.
