Infogate, 20 de abril 2021
Los legisladores de forma transversal lamentaron la decisión del Gobierno de presentar el requerimiento ante el TC para frenar el tercer retiro de las AFP, pero mientras sectores de la oposición apuntan a iniciar una acusación constitucional en contra del mandatario, el oficialismo lo descarta.
Luego que el Gobierno anunciara que ya presentó el escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de frenar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, varios legisladores, tanto de oposición como del oficialismo, salieron a lamentar la decisión del Ejecutivo e incluso algunos anunciaron que darán inicio al estudio de una acusación constitucional por “traspasar una línea roja” que había sido advertida.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, dijo que el “Presidente Piñera y su Gobierno están cometiendo un error histórico. Con una aprobación muy baja le da la espalda y le cierra la puerta en la cara al 90% de los chilenos que están apoyando, exigiendo y necesitando este tercer retiro del 10%, para poder enfrentar con dignidad el tiempo que nos queda de pandemia”.
“Vamos a ir al Tribunal Constitucional con nuestros expertos y constitucionalistas del PPD a defender a defender con dientes y muelas el tercer retiro del 10%, y esperamos que los miembros del TC no estén disponibles para cercenar una facultad que tenemos los parlamentarios en virtud de nuestro poder constituyente derivado. Estamos convencidos de que este proyecto es plenamente constitucional”, explicó.
Por su parte, el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, señaló que “mi Gobierno comete un error, si el TC resuelve bloquear este proyecto el derrotado no va a ser la diputada, el diputada, el candidato, la candidata A, B o C, sino que es la gente, la gente de clase media que no está recibiendo la ayuda del Estado o no le está llegando en cantidad suficiente”.
“Invitó a mi Gobierno para reflexionar, todavía hay tiempo, que patrocine el proyecto, que arregle el proyecto, que establezca mecanismos para que la gente pueda reponer el dinero en la cuenta de capitalización individual y así no afectar su pensión futura”, explicó.
En cuanto a la eventual acusación constitucional, Desbordes mencionó no compartirla, pero aseguró que es una atribución que tienen los diputados de llevarla a cabo.
A su vez, el diputado RN, Andrés Celis, llamó al Senado para que converse con el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, para lograr una solución al tema sin que tenga que decidir el TC.
En cuanto a lo planteado por diputados opositores para iniciar la acusación constitucional en contra del mandatario, el legislador oficialista señaló no ver motivo para hacerlo, especialmente cuando un Presidente de la República recurre a esa instancia que es una facultad presidencial, anunciando que votará en contra si llega a ser presentada.
En tanto, la diputada del FRVS, Alejandra Sepúlveda, precisó que se trata de una “equivocación política del porte de un buque, una estupidez absoluta el anuncio del Gobierno”.
“Lo que está haciendo el Presidente es disparándose a los pies y además, perjudicando a miles de personas que necesitan el tercer retiro y no solo a votar a favor de una acusación constitucional dada la falta de seguridad, la falta de servicio, la falta de sensibilidad de lo que está pasando a miles de chilenos”, aseguró.
En ese sentido, explicó que “la irresponsabilidad del Presidente de la República frente a la pandemia, frente a la situación económica que están viviendo las familias no amerita otra cosa”.
Por su parte, el diputado PS y presidente de la Comisión de Hacienda, Marcos Ilabaca, le mandó un mensaje al jefa de Estado, apuntando a que “usted está desconectado totalmente de lo que está sintiendo la gente, por favor medite nuevamente la decisión que acaba de adoptar, por favor tome una decisión y patrocine el proyecto, llévelo adelante, arréglelo si desea, porque lo que está haciendo es pegarle un portazo tremendo en las narices a los vecinos y vecinas del país, a la clase media”.
En cuanto a la acusación contra Piñera, aseguró que es muy temprano aún para una decisión como esa, especialmente por los quórums que se requiere para aprobarla son muy altas.
La diputada PPD, Cristina Girardi, aseguró que lo hecho por el Gobierno era esperable, acusándolo a que no entiende razones, “se le pone una idea en la cabeza y da lo mismo lo que opine el resto de la humanidad. No escucha razones, dolores, necesidades y da lo mismo que el mundo se caiga o desarme. Es lamentable”.
“Lo peor es que pareciera que al Presidente no le importa nada, lo que vaya ocurrir, ocurriendo, nada de nada, solo lo que a él se le mete entre ceja y ceja”, aclaró.
La diputada PC, Camila Vallejos, consideró como irresponsable lo hecho por el Presidente, afirmando que “él bien sabe las consecuencias que puede tener en el aumento del descontento social, pero también en el agravio que genera en las familias el impedir que les llegue su tercer retiro”.
“Nosotros vamos a estar obviamente a disposición de esta acusación constitucional, pero también creo que aquellos parlamentarios y parlamentarias que han hecho anuncios e incluso presidentes del partido que han hecho anuncios sobre acusaciones constitucionales que después no cumplen o que no cuentan con sus votos en ambas cámaras, deberían también ser responsables en empujar este tipo de acusaciones hasta el final, porque nosotros no estamos para que este tipo de medidas que es de fiscalización, de establecimiento de responsabilidades políticas lleguen hasta medio camino”, argumentó.
El senador de RD, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que es un “tremendo error político el del Presidente Piñera de enviar el tercer retiro de pensiones al TC. Lo único que está haciendo es incrementar el conflicto social y expresa una desconexión con la realidad social de nuestro país”.
“Lo único que va a hacer también es incrementar el rechazo, el desprecio de la ciudadanía hacia la figura del Presidente Piñera. En vez de ponerse al lado de la solución se pone al lado de los problemas y conflicto. Hoy lo que se necesita es llegar con ayudas directas y concretas a la gente”, explicó.
El senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que lo hecho por el mandatario es un error político del Gobierno, asegurando entender que “tiene todo el derecho para recurrir al TC, pero la clase media en Chile tiene el derecho también de recibir beneficios que aún no llegan a un sector importante de la población”.
A su vez, el diputado Álvaro Carter, apuntó a que el “Gobierno comete un error gigante el de recurrir al TC por este proyecto de ley sobre el tercer retiro del 10%. Eso es estar totalmente alejado de las necesidades reales de la gente y esto provocará graves consecuencias en muchos ámbitos y el enojo por la ciudadanía por la poca empatía de las autoridades del gobierno central en un momento tan importante de sufrimiento de la población chilena. El Gobierno olvida que la obligación de la autoridad es mantener la paz social y deben medir el efecto de sus decisiones y asumir sus consecuencias”.
