Indulto a presos del estallido avanza un paso en el Senado: Comisión de DD.HH. aprobó idea de legislar y el Gobierno lo califica como una “pésima señal”

El Mostrador, 25 de enero 2021

La votación se produjo luego de una sesión donde uno de los testimonios corrió por cuenta de Elizabeth Carrillo, madre de Leonardo Quilodrán, quien permaneció en la cárcel de Lebu hasta abril del 2020. “Ahí fue torturado”, denunció. Tras la aprobación, el Gobierno se pronunció al respecto a través de una vocería del ministro portavoz Jaime Bellolio, quien aseguró que la iniciativa “justifica la violencia” y busca la “impunidad” [ACTUALIZADA]

Por 3 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de ley de indulto para personas detenidas en contexto estallido social.

Los votos a favor corrieron por cuenta de los senadores de oposición, Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD), mientras en contra se pronunciaron los parlamentarios Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI).

La votación se produjo luego de una sesión donde uno de los testimonios corrió por cuenta de Elizabeth Carrillo, madre de Leonardo Quilodrán, un pescador de Lebu que durante su permanencia en prisión preventiva en la cárcel de Coronel fue torturado, según denunció.

A la sesión también fueron invitados la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; la abogada y Doctora en Derecho, Myrna Villegas; el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann;  y el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash.

La norma de autoría de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, pretende extinguir la responsabilidad penal de aquellas personas que se encuentren imputadas o condenadas en el marco de las protestas por el estallido social de octubre de 2019. Ahora, continuará su tramitación en la Comisión de Constitución.

Gobierno: “Justifica la violencia” y busca la “impunidad”

Tras la aprobación, el Gobierno se pronunció al respecto a través de una vocería del ministro portavoz Jaime Bellolio, quien calificó el proyecto como una “pésima señal”.

De acuerdo al ministro, la iniciativa “justifica la violencia” y busca la “impunidad” de delitos contra la propiedad pública.

Bellolio añadió que “el proyecto atenta con la esencia misma del diálogo y la democracia y por eso mismo el Presidente ha dicho que si avanza, sin lugar a dudas lo vetaría”.