Indulto al 18-0 se enfrenta con cifras del Poder Judicial: detenidos son 26

Pauta, 5 de enero 2021

La cifra difiere, ampliamente, de “las casi 800 personas detenidas” que según la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), había en las cárceles por delitos asociados al Estallido Social. El conteo oficial lo entregó este 5 de enero la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich: son 26 personas las que se encuentran en prisión preventiva por delitos asociados al 18-0; de ellas, 17 tienen condenas previas.

La senadora Muñoz había comunicado sus cifras el pasado 17 de diciembre, cuando fue entrevistada por Cooperativa. Recién había presentado un proyecto de indulto -en conjunto con los senadores Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista)- en favor de los detenidos por distintos delitos cometidos en el contexto de las protestas.

Se trata de una iniciativa que el Presidente Sebastián Piñera ya anunció que vetará. Mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha dicho que se trata de un proyecto que “normaliza la violencia y la delincuencia”. Incluso, en su intervención el pasado 4 de enero ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señaló que como institución “nos sentimos francamente agraviados”.

Adriana Muñoz: “Me alegro que den cifras”

La distancia entre las estimaciones de los legisladores y la realidad es de casi 31 veces.

Tras enterarse del levantamiento de las cifras de los tribunales de Justicia, la presidenta del Senado dijo: “Me alegro que el Poder Judicial, y también la Defensoría, la Fiscalía y distintos organismos, hayan empezado a dar cifras de personas que están en prisión preventiva”.

Según Muñoz, hasta que no se presentó el proyecto de indulto, no habían logrado obtener datos y pidió que la información le sea enviada a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se está tramitando la iniciativa.

Consultada por la diferencia de sus cifras con las del Poder Judicial, la alta autoridad política señaló que se debe a que habían recibido “información de unos y otros organismos con distintos números”.

Latorre: “El problema no son las cifras”

El senador Juan Ignacio Latorre, también autor del proyecto de indulto, siguió la misma línea que Adriana Muñoz. Y dijo que tanto desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara como del Senado, y sumó a ello al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se pidieron oficios “para transparentar las cifras”.

“Hasta la sesión de ayer [lunes 4 de enero] no teníamos cifras oficiales. No contábamos con datos fidedignos y ese es parte del problema: la falta de transparencia en los datos. Qué bueno que ahora se empiecen a poner sobre la mesa. Pero insisto: acá hay casos pendientes, de gente que estuvo privada de libertad varios meses y esos casos no están considerados en las cifras del Poder Judicial”.

Según Latorre, pese a las diferencias con el Poder Judicial, “el problema no son las cifras. Que hayan 10 o 20 casos, nos parece que no puede ser que se salte el debido proceso o que haya una transgresión”. 

Luego, habló en forma general de la prisión preventiva en Chile y señaló que en el contexto de la tramitación del proyecto de indulto, la Defensoría Penal Pública entregó datos: “En Chile se abusa de la prisión preventiva. Y hay más de un tercio de personas privadas de libertad en las cárceles sin condena. Sabemos que eso tiene un sesgo de clase económica”.

Diecisiete tienen condenas previassubir

Durante su vocería, la ministra Chevesich explicó que, hasta el 11 de diciembre de 2020, las 26 personas que se encuentran privadas de libertad están en esa calidad en relación con 24 causas. Y agregó que, de ellas, 17 presentan condenas anteriores.

Por estas causas se han realizado 80 audiencias, en las que se revisaron sus medidas cautelares y que, en tres cuartos de los casos los tribunales confirmaron la prisión preventiva.

En promedio, los 26 imputados han estado 318 días en prisión preventiva.

En cuanto a los delitos, el 58% está imputado por robo en lugar no habitado y el 27% por incendio con peligro para las personas.

a ministra explicó que para levantar los datos se fijó desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 16 de marzo, debido a que “aún existía un estado de agitación social más activo. Y que coincide con el comienzo del periodo en que se decretaron una serie de medidas sanitarias para hacer frente a la curva de contagio de covid-19, que implicaron, por ejemplo, una restricción absoluta de circular por la vía pública en determinadas ciudades del país, por lo que se excluyó cualquier ingreso de causas posterior a esa fecha”.

Detalló que en ese periodo se ordenaron 2.201 prisiones preventivas asociados al Estallido Social. De ellas, 2.180 fueron civiles y 1.796 tenían condenas anteriores. 

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