El Ciudadano, 23 de diciembre 2020
El fallo sobre el requerimiento de inconstitucionalidad de Sebastián Piñera en contra del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales pone en duda el rol del Tribunal Constitucional, al actuar como un órgano al servicio de los intereses de un mandatario, que apenas cuenta con un 7% de aprobación; y de la oligarquía financiera, la más férrea defensora del sistema de AFP.
La resolución tomada este lunes 21 por el Tribunal Constitucional (TC) en que acogió requerimiento de inconstitucionalidad de Sebastián Piñera en contra del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, provocó una tormenta política y dejó en evidencia el giro autoritario de la actual administración.
Tras una reñida votación que fue resuelta por el voto dirimente de la otrora jefa de asesores del presidente Sebastián Piñera -en su primera administración-, la actual presidente del TC María Luisa Brahm, definición que contó con el respaldo de los ministros Iván Aróstica, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández. Se opusieron: Gonzalo García, Juan José Romero, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica.
El resultado ha sido motivo de críticas por varios actores políticos y analistas que lo catalogan como un “golpe blando institucional” de Piñera, dado que despoja al Congreso de la posibilidad de realizar reformas constitucionales, lo que evidentemente esta (ba) dentro de sus normales prerrogativas.
Asimismo, pone en duda el rol del propio Tribunal Constitucional al actuar como un órgano al servicio de los intereses de un mandatario, que apenas cuenta con un 7% de aprobación; y de la oligarquía financiera, la más férrea defensora del sistema de AFP.
Motivación política de la “tercera Cámara”
Desde el Partido Comunista (PC) aseguraron que la decisión del TC “pone en entredicho la facultad legisladora del parlamento,dejando a la Cámara y al Senado a merced de una decisión antojadiza del Ejecutivo de poner freno a iniciativas que vayan en directa ayuda de los chilenos y chilenas“.
Plantearon que “el Tribunal Constitucional adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo“.
También cuestionaron la cercanía de la juezaMaría Luisa Brahm con el actual gobierno, debido a sus nexos con RN, y al hecho de que fue jefa de asesores del Segundo Piso en el primer mandato de Piñera y fue designada en su cargo por él.
“Era de esperar que se inhabilitara para votar, esto como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos”, explicaron.
Cabe recordar que Braham no es la única que tiene lazos con La Moneda, ya que Iván Aróstica y Miguel Ángel Fernández también fueron nombrados por Piñera.
Los integrantes del Partido Comunista reiteraron que el objeto del requerimiento era abiertamente antidemocrático, en tanto pretendía “ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre el poder constituyente derivado”.
“¿No es contradictorio entonces que sea el mismo gobierno el que haya promulgado el primer retiro del 10%? ¿Qué cambió en las encuestas para que el mandatario tomara esta decisión?, esto, puesto que fue el Ejecutivo el que terminó presentando una nueva iniciativa para el retiro justamente cuando las encuestas lo ubicaban en una nueva baja en su aprobación”, preguntaron.
Para el PC la decisión tomada por el TC responde a otras motivaciones, muy lejanas al ámbito jurídico y advirtieron que con este fallo, “la balanza se inclina vergonzosamente hacia los intereses de los de siempre, puesto que el tan esperado segundo retiro cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales, esto, ya que no existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional”, indicaron.
Por su parte el senador RD Juan Ignacio Latorre denunció que“la ‘tercera cámara’ nuevamente hace de las suyas”.
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