Radio Bio Bio, 9 de diciembre 2020
De ser aprobada, la medida excluirá del beneficio a quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, según se propone en el artículo octavo del proyecto.
Este miércoles, cinco senadores de oposición presentaron un proyecto de ley de indulto general para todos quienes hayan sido detenidos, se mantengan presos o hayan sido imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 7 de octubre y esta jornada, adolescentes incluidos.
De acuerdo a la Constitución, la discusión y tramitación de esta materia de ley le corresponde solamente al Senado. Para aprobarla se requiere quórum calificado, salvo los delitos terroristas, en cuyo caso el quórum se eleva a 2/3 de los parlamentarios en ejercicio.
“Según el Ministerio Público, cerca de 5 mil personas han sido formalizadas por #EstallidoSocial. Casi 700 permanecen a la espera de una resolución. Muchos casos son como el que narra Verónica. Hoy presentaremos un proyecto de ley que de solución a estas familias. #LibertadALxsPresxsPoliticos”, escribió en su Twitter este miércoles Juan Ignacio Latorre (RD), uno de los firmantes.
En tanto, desde el equipo del senador Alejandro Navarro, el otro impulsor, afirmaron que no descansarán hasta que la medida sea ley y agradecieron el trabajo realizado por parte de familiares, agrupaciones de Derechos Humanos, equipos parlamentarios y expertos.
La idea matriz de la iniciativa es que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda “por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo primero y que hayan sido cometidos en el plazo que se señala para que no generen responsabilidad alguna, en un sentido similar al efecto doctrinario atribuido a una amnistía donde se perdona el delito, la pena y sus efectos legales, cuestión jurídicamente viable al tener el indulto jerarquía legal”.
“El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de Derechos Humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social”, expandieron.
Así, los legisladores patrocinantes fundamentaron que la idea ingresada al Senado esta jornada se basa en que las imputaciones de hechos delictivos “acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos” y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.
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