Parlamentarios y familiares de presos de la revuelta anuncian proyecto de Ley de amnistía para su liberación

El Desconcierto, 5 de noviembre 2020

El proyecto de ley alude a cientos de personas que tras ser detenidas en manifestaciones del estallido social han pasado meses o incluso un año en prisión preventiva, sin que su responsabilidad haya podido ser comprobada. La situación tiene su origen en una política de Estado que pretende desincentivar la protesta social, denunciaron los parlamentarios que patrocinan el proyecto de ley y los familiares de los detenidos.

El caso de Daniel Morales Muñoz de 35 años y de su sobrino de 16 años, quienes este martes fueron declarados inocentes tras pasar un año en prisión preventiva acusados de la quema de la estación de Metro Pedrero, dio cuenta una vez más de la situación que cientos de presos del estallido social han debido enfrentar en el último año.

En ese contexto, una veintena de familiares de detenidos acompañados de varios senadores y diputados de la República realizaron este jueves un punto de prensa en el que anunciaron la presentación de un proyecto de Ley de amnistía, que como su nombre lo indica, busca liberar a estos privados de libertad argumentando que sus extensos encarcelamientos -sin culpabilidad comprobada- serían una estrategia del Estado para desincentivar la protesta social.

La presentación se realizó en el frontis del ex Congreso, en pleno centro de Santiago, hasta donde llegaron la diputada Camila Vallejo (PC), el diputado Boris Barrera (PC), el senador Alejandro Navarro (País), así como también diversos familiares de detenidos. Telemáticamente además, participaron la diputada Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

La instancia comenzó con la lectura de una declaración de parte de María José Marchant, madre y hermana de presos de la revuelta, quien exigió «el fin de la política de privación de libertad con la que este gobierno pretende aplicar un castigo ejemplificador para quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a las movilizaciones sociales en busca de una mejor sociedad».

En esa línea, Marchant llamó a que «los medios de prensa den a conocer nuestra realidad», y explicó que desde su perspectiva «el Estado, a través del Poder Judicial, ha instalado una estrategia basada en burdos montajes policiales, con los cuales mantiene encarcelados a centenares de jóvenes, sin ni siquiera tener la posibilidad de visita hace más de 5 meses por el confinamiento».

«Las heridas abiertas tienen que cicatrizar»

Desde el mundo político en tanto, el senador Alejandro Navarro explico que este proyecto de ley es de amnistía, y no de indulto, porque amnistía  «significa que se dan por no obrados los delitos, (en cambio) en el indulto, se indulta la pena, la condena, entonces queda establecida la comisión del delito. En las circunstancias que todos conocemos, particularmente con los montajes de Carabineros, hoy no se puede discernir cuándo estamos frente a un hecho de violencia y cuándo estamos frente a un montaje, por lo que un proyecto de amnistía es lo que estamos proponiendo».

En cuanto al proyecto en sí, la Constitución establece que todos las iniciativas de este orden deben tener su origen en el Senado. Precisamente desde esa cámara, el senador Juan Ignacio Latorre, otro de los que promueve esta iniciativa, expresó que «en Chile se suele usar y abusar de la herramienta de la prisión preventiva para castigar políticamente a determinados grupos sociales; se ha abusado de la prisión preventiva con muchos presos mapuches y también con jóvenes que legítimamente salen a protestar. Se criminaliza la protesta social, el derecho a la protesta social. Se criminaliza a los jóvenes con disidencia política o que tiene una postura crítica en este caso al gobierno de Piñera».

En ese sentido, criticó que «hay jóvenes que llevan un año prácticamente en prisión preventiva, que no tienen antecedentes penales, que están acusados por delitos menores, y eso es injusto, atenta contra un debido proceso, contra la democracia y contra los principios básicos de los derechos humanos».

Otro de los puntos que han sido relevados en este tema por la oposición es que el gobierno retire sus querellas por estos casos. Al respecto, Latorre hizo un llamado al Ejecutivo para que busque «una salida política, y se deje de querellar».

Desde el PC, en tanto, el diputado Boris Barrera condenó «la actitud del gobierno de castigar el derecho a la protesta social, y de prohibir las visitas, lo cual nos parece inhumano. Están abiertos los mall, está abierto el comercio, por lo tanto es ilógico prohibir esto».

Con ello, Barrera hizo alusión a que por la pandemia, las visitas carcelarias han estado muy restringidas, especialmente durante estos últimos cinco meses en los que las visitas a detenidos en prisión preventiva derechamente se han detenido.

Sobre este punto, la parlamentaria del mismo partido Camila Vallejo señaló que «no nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta. Porque ellos hicieron posible el gran triunfo del 25 de octubre. Ellos iniciaron un proceso de transformación importante en nuestro país, deseado por muchas décadas. No permitiremos que se trate delincuentes a quienes son luchadores y luchadoras sociales«.

Consultada por las declaraciones del propio Presidente Sebastián Piñera y del ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio, quienes han negado la existencia de «presos políticos» en nuestro país, Vallejo respondió que «están presos solamente por una decisión política, ante una actitud ejemplificadora, para que más gente no quiera manifestarse«, por lo que claramente sí cabrían dentro de esta figura.

La temática también ha sido abordada por otras figuras de la oposición. De hecho, durante la semana pasada Convergencia Social presentó un proyecto similar a este, pero con la figura del indulto.

Desde el PS en tanto, la senadora por Valparaíso Isabel Allende, señaló esta semana que «si bien hemos sido claros desde un principio en condenar la violencia, nada justifica la vulneración al debido proceso y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, lo que obliga al Estado a utilizar la medida cautelar de prisión preventiva de manera excepcional, ya que mantener restringida la libertad de una persona por un periodo extendido de tiempo, crea infracciones a la presunción de inocencia, anticipando con ello la pena”.

La diputada del mismo partido, Emilia Nuyado agregó que lo que buscan es que «los detenidos durante el Estallido social puedan salir de la cárcel mientras duran las investigaciones. Aquí hablamos de personas que no han sido condenadas pero que llevan meses encerradas, sin ser culpables aún. En su mayoría son jóvenes estudiantes y trabajadores que no han podido optar a ningún beneficio, que sólo están presos por manifestarse contra el modelo y el sistema».

El proyecto que anunciaron este jueves tanto familiares como parlamentarios, será presentado en los próximos días en el Senado.

«Le pusieron la bomba molotov en el bolso del trabajo»

Uno de los casos que fue denunciado en la oportunidad fue el de Mauricio Cheuque, pareja de hace 19 años de Jocelyne Barrera, quien acudió a denunciar la detención de su esposo.

«Ocurrió el 14 de noviembre, cuando se realizó una marcha en la población La Victoria, en el contexto de una convocatoria por el aniversario de Camilo Catrillanca», comenzó relatando Barrera, detallando que tras la manifestación, donde su marido no participó activamente pero sí la presenció, Carabineros lo detuvo.

Tras esto, miembros de la institución habrían puesto una bomba molotov en su bolso, tras bromear con su apellido, diciéndole «ah, eres mapuche, te vamos a dejar un regalito«.

A casi doce meses de ese hecho, y habiéndosele negado en siete oportunidades la reducción de la medida cautelar a arresto domiciliario, Jocelyne Barrera explicó que se encuentran desesperados (video):

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