Los desafíos pendientes de la nueva Ley de Migraciones

Mercurio de Valparaíso, 6 de septiembre 2020

Luego de siete años de tramitación, la posibilidad de contar con una nueva normativa que regule el flujo de personas parece cada vez más cerca, aunque el debate sigue encendido.

Senadores regionales hacen hincapié en avanzar y modernizar la ley actual.

Meses de arduo debate se han llevado a cabo en el Congreso, luego de que el Gobierno solicitara discusión inmediata al proyecto de ley de migraciones a fines de abril, ante lo que se estima un masivo ingreso de extranjeros al país en la postpandemia. Y aunque la iniciativa esté avanzando en su trámite legislativo, con la votación en particular que comenzó el miércoles en el Senado, algunas indicaciones de la oposición han encendido la discusión.

La primera de ellas -redactada por el senador Juan Ignacio Latorre (RD)-, plantea una modificación al artículo 156 bis de “Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades”. La iniciativa plantea que “durante la vigencia de la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales sus titulares podrán solicitar un visado de residencia temporal, conforme al artículo 70 número 2, acompañando el contrato de trabajo respectivo”, reparando en que “si no efectúa dicha solicitud, si la realiza fuera de plazo o la misma es rechazada fundadamente, deberá abandonar el territorio nacional al expirar su permiso de permanencia transitoria o dentro del plazo de diez días corridos desde la notificación del rechazo de la solicitud, según corresponda”.

La otra indicación que ha generado críticas por parte del oficialismo -de autoría de la senadora Isabel Allende (PS)-, es el artículo octavo transitorio, donde se expone que “los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o con tramitación de residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días, contado a
partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación”.

Ambas han sido criticadas por el oficialismo por, presuntamente, promover el “turismo laboral” y han puesto en alerta al Gobierno. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo el sábado de la semana pasada que lo expuesto en las indicaciones “es una verdadera invitación, un estímulo a la inmigración ilegal. Por eso, esas dos indicaciones espero que no prosperen. Y si fueran aprobadas, yo como Presidente de Chile las voy a vetar, porque creo que producen un profundo daño a los chilenos y a los migrantes que están en Chile”.

CIFRAS DE MIGRANTES
Pero al margen de la normativa, vigente desde 1975, el debate en torno a la necesidad de regularizar el fenómeno migratorio en el país es algo que se ha instalado durante los últimos años, ante las crecientes cifras de ingresos. De acuerdo con el informe “Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre de 2019”, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM), el total de ciudadanos foráneos en el territorio nacional llegó a 1.492.522 personas, lo que implica un aumento absoluto de 240.956 individuos res« pecto de 2018. En las cifras también se aprecia que las comunidades más representadas son Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8%).

En cuanto a su distribución geográfica, la que lidera el ranking es la Región Metropolitana (885.908 personas), seguida por Valparaíso (102.036) y Antofagasta (100.122); además, estas son las que tuvieron un mayor crecimiento en número de personas, con 123.033, 18.475 y 10.570, respectivamente entre 2018 y 2019. En lo que respecta al aumento en términos relativos, Biobío pasó de 26.929 a 35.687 extranjeros (32,5%), Los Lagos creció de 20.825 a 26.360 (26,6%) y, por último, Magallanes aumentó de 8.036 a 10.050 (25,1%)

Pero eso no es todo. En el documento también se detalla que hay 42 comunas en el país donde viven 10.000 o más extranjeros, concentrando un 74,5% del total, representando un aumento respecto de 2018, donde 36 comunas sumaban al 71,9% de los foráneos en el país. Sobre esta materia, destacan Santiago (220.881), Antofagasta (60.232) e Independencia (55.816); Viña del Mar y Valparaíso son las únicas ciudades de la región que aparecen en el ranking, con 21.874 y 16.358 extranjeros respectivamente.

Por otra parte, según un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publicado el martes en La Tercera, en el periodo enero-julio de este año, se registraron 3.949 ingresos por pasos no habilitados, poco menos de la mitad de la cifra alcanzada el año pasado (8.048). La mayoría de estas entradas correspondieron a ciudadanos venezolanos (2.101), seguidos por haitianos (617), colombianos (358), bolivianos (267) y cubanos (264), entre otras nacionalidades.

¿DICOTOMÍA EME DERECHOS Y TRABAJO?
Retomando la discusión del proyecto, el debate se ha centrado, principalmente, en las garantías que se puedan otorgar a los migrantes que lleguen al país, una postura defendida por la oposición, que apunta a los derechos humanos de los ciudadanos que ingresan a Chile en búsqueda de oportunidades. Mientras que por el lado del oficialismo, se han concentrado críticas sobre una posible permisividad en términos laborales, sobre todo considerando la crisis económica postpandemia.

La senadora Isabel Allende indica que “el proyecto ha avanzado en cumplir con estándares internacionales que resguardan los DD.HH. de los inmigrantes y, gracias a las indicaciones que presentamos, avanzamos en proteger a los niños y niñas, y a las mujeres víctimas de violencia. Inclusive, se han realizado aportes para que la autoridad administrativa mantenga el control de los flujos, de acuerdo a las necesidades laborales y económicas del país”.

Eso sí, la legisladora advierte que “el gobierno equivoca la postura al enfocar el tema en la seguridad y no contemplar también, los aspectos laborales y culturales. Su principal preocupación de estos años ha sido expulsar inmigrantes, más que proteger el empleo de los chilenos. Sin embargo, pese a esta postura restrictiva, durante los años del gobierno de Piñera el número de inmigrantes ha tenido un aumento en un 50%, respecto al gobierno anterior”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), expone que “todos reconocemos el enorme aporte que han hecho miles de migrantes que han llegado a nuestro país y que fruto de años de esfuerzos, trabajo y con su propia cultura han sido un aporte real a nuestro país. Yo mismo soy nieto de inmigrantes, pero todos ellos y las familias que han venido a Chile lo han hecho siempre bajo el respeto irrestricto a las leyes nacionales, porque así es la forma que el país pueda asegurar los derechos humanos de los inmigrantes, pero una cosa muy distinta es generar un política y legislación que se base en el desorden, la ilegalidad y la irregularidad en los procesos migratorios”.

“Chile debe tener una Ley Migratoria segura, ordenada y regular, sobre todo en estos tiempos donde el escenario interno está sumamente complicado, por la falta de empleo y la crisis económica, pues si permitimos un ingreso masivo, desordenado y sin control, como quieren algunos parlamentario irresponsables, le estaremos haciendo un grave daños a los chilenos que esperan poder recuperarse, encontrar trabajo y volver a solventar el hogar o sus familias”, subraya el parlamentario.

Una postura similar es la que entrega el senador Kenneth Pugh (Ind. Pro-RN). El congresista sostiene que antes que cualquier propuesta para recibir inmigrantes, se debe entender “la naturaleza de los flujos migratorios que se han agudizado en todo el mundo, donde cada país, y en particular Chile, debe tener un marco regulatorio adecuado que asegure una migración regulada y ordenada para que justamente no se vulneren los derechos de las personas. Las cifras son elocuentes para promover una migración -reitero- regulada y ordenada. La ONU señala que a nivel mundial son 150,3 millones de trabajadores migrantes, y las Américas acogen el 26% de los migrantes, por ello se requiere de una legislación moderna y adecuada a la realidad actual de las migraciones”.

Pugh asegura que este último punto “no es antojadizo”, ya que “en la Declaración de Nueva York de 2016, los estados miembros de la ONU acordaron cooperar en la elaboración de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, y en ese marco es la legislación que se está promoviendo. El mejor ejemplo de una migración compleja y que no resguarda los derechos de estas personas, son los campamentos de migrantes que se han levantado en muchos países fronterizos en zonas de conflicto, o por situaciones políticas internas como lo ocurrido con la población de Venezuela. Si no existe una regulación, el problema se torna inmanejable para el país que acoge a estas personas”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre también destaca el pacto de la ONU mencionado por Pugh, aunque lamenta que “el gobierno de Piñera no lo haya firmado”. Apunta a que este acuerdo “lo que busca, es compatibilizar trabajo para toda la población laboralmente activa del país con el respeto de los derechos humanos de las personas que deciden migrar. Y eso implica tener una ley que establezca muy claramente los derechos y deberes para las personas que migran, y mecanismos de regularización, entendiendo que hay personas que ingresan por pasos no habilitados o que entran como turistas y luego quedan como irregulares”.

“Lo que temo -continúa- es que con esta ley migratoria que estamos votando en el Senado después de siete años de tramitación, Chile se vaya acercando más a la política de Estados Unidos, que es restrictiva, dura, con un discurso xenófobo y racista de (Donald) Trump, pero que al mismo tiempo convive con una alta tasa de migración irregular. El tener altas tasas de migración irregular amenaza el mercado laboral, y crea segregación, violencia, trata de personas. Eso le hace mal a los migrantes y a los chilenos”.

PARTlCIPACIÓN MIGRANTE
Los parlamentarios plantearon que las voces de los extranjeros también han sido escuchadas en la tramitación de la ley. Es así que la senadora Allende señala que “las organizaciones fueron escuchadas en las comisiones respectivas, y en mi caso, tuve reuniones con ellos para recoger sus propuestas. Todas éstas van en la línea de los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado. Pero el Ejecutivo pretende seguir en la línea del aislacionismo, lo que se demuestra al no haber firmado el Pacto Migratorio de Marrakech. De todas maneras, aún se mantienen críticas con algunos aspectos que pueden implicar mayor irregularidad migratoria, como prohibir el cambio de categoría migratoria”.

El senador Kenneth Pugh, en tanto, afirma que “el marco de las discusiones está avalado por informes de organizaciones de migrantes y por la extensa documentación elaborada por los organismos internacionales como la ONU y la ACNUR. La preocupación de ellos sí ha sido tomada en cuenta. En Chile se debe regular la migración porque en los últimos años ha sido irregular, desordenada, y ello ha quedado demostrado en esta pandemia, intentando caricaturizar la ley como se ha dicho: que busca proteger la empleabilidad de los chilenos por sobre los extranjeros o que se han incorporado nuevos métodos de delincuencia violenta vinculada a ciertas nacionalidades, es una caricatura. Lo que el país necesita es una migración ordenada y clara desde el inicio del viaje del inmigrante hasta que llega al país, con una definición clara y que no se quede a la mala, porque ello sí vulnera sus derechos e impide al Estado proporcionarle justamente cuidados que merece toda persona”.

Por último, el legislador Francisco Chahuán asevera que “los migrantes, que están en condiciones regulares, que ingresaron con sus papeles y han realizado todos los trámites como corresponde, son le que deben ser escuchados también en la Ley de Migraciones, por medio de los canales correspondientes, pero la prioridad hoy es el bien común de los chilenos, porque estamos en una situación compleja, y extraordinaria desde el punto de visto de los efectos negativos que podría tener no hacerse cargo de este tema con seriedad”. .