Mercurio de Valparaíso, Reportajes, 23 de agosto 2020
Cuando faltan menos de dos meses para el referéndum constitucional, el debate se ha centrado en la participación que pueda tener el proceso debido a la crisis sanitaria. Mínimo de padrón electoral o suspensión son las ideas del oficialismo, rechazadas por la oposición.Arduo es el camino que ha tenido el plebiscito de entrada para definir la redacción o no de una nueva Carta Fundamental, tema ampliamente discutido por el mundo político y que parecía completamente cerrado el 15 de noviembre del año pasado, cuando parlamentarios y presidentes de coaliciones se dieron cita en el antiguo Congreso Nacional y firmaron el histórico “Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución”, que fijó la realización de un referéndum para el 26 de abril de este año.
Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus se transformó en una piedra de tope para las fechas iniciales planteadas para el proceso constitucional. Ante el creciente aumento de casos y las voces de expertos que anticipaban un peak de contagios a fines de abril, parlamentarios de diversos sectores comenzaron a presentar proyectos de reforma constitucional para aplazar no sólo el plebiscito de entrada, sino también los comicios municipales y de gobernador regional, además de la elección de constituyentes para el caso de un triunfo de la opción “Apruebo”.
Finalmente, el jueves 19 de marzo, los partidos con representación parlamentaria lograron un acuerdo y fijaron la nueva fecha del plebiscito para el 25 de octubre, lo cual se tradujo en el ingreso de un proyecto de reforma constitucional por parte del Ejecutivo, que fue aprobado por la Cámara el 24 de marzo, ratificando la fecha pactada.
Sin embargo, a menos de dos meses de la realización del que muchos consideran el acto electoral más importante en los últimos 30 años, ha surgido un fuerte debate sobre la participación real que alcanzará un acto de esta trascendencia, dada la crisis sanitaria aún instalada en el país. A pesar de una disminución general en el número de contagios, hay voces que plantean como un riesgo el que pocas personas vayan a sufragar y que el plebiscito alcance un nivel de participación similar a las elecciones presidenciales de 2017, cuando votó cerca del 46% del padrón, un porcentaje muy alejado del 97,53% que acudió a las urnas para el plebiscito de 1988.
En este escenario, el senador Francisco Chahuán (RN), avivó aún más la discusión, cuando el pasado 12 de agosto presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 130 de la actual Carta Magna, el cual establece un piso mínimo de 50% de participación para legitimar el plebiscito. De no cumplirse este requisito, el Presidente de la República deberá convocar, mediante decreto exento, a un nuevo referéndum en un plazo de 30 días.
LEGITIMIDAD Y POSIBLE SUSPENSIÓN
El mismo Chahuán, dice estar convencido de la necesidad de contar con, al menos, la mitad del padrón electoral “para que realmente sea una decisión legítima. Estamos hablando de un proceso que va a marcar los destinos del país y no puede ser que sólo un porcentaje bajo de chilenos, decida ese camino. Una consulta tan relevante no puede permitirse no contar con una concurrencia por debajo del 50%, sobre todo porque estamos hablando del plebiscito de entrada y debe tener la legitimidad suficiente”. “Acá no está en duda el resultado, sino la legitimidad del plebiscito.
Independiente de la postura que cada uno tenga, en mi caso yo estoy por el Rechazo propositivo, lo importante es que se concrete esta votación, pero con la legitimidad mínima para un proceso que puede marcar los destinos de nuestro país, no puede ser con una baja participación”, sostiene Chahuán.
Este problema, también es abordado por el senador Kenneth Pugh (Id. Pro RN). El vicealmirante (r) dice que si se busca cambiar la actual Carta Fundamental apuntando a una presunta falta de legitimidad, el proceso “parte muy mal si es percibido como la opinión de muy pocos en medio de una condición generalizada de inseguridad. A diferencia de otras elecciones, un proceso plebiscitario y en este caso por una decisión de cambiar la Constitución, por su naturaleza y el significado profundo que tiene para el país, debe tener alta participación, dado sus efectos en las futuras generaciones. Iniciar un proceso constituyente como este, con una baja y cuestionable representatividad debido a la poca participación, claramente puede provocar un problema mayor de legitimidad de las instituciones de la República”.
“Las materias constitucionales, por su relevancia, requieren de quorum especiales, más altos que una simple mayoría circunstancial. Parece razonable entonces esperar que, para tener un acto eleccionario legitimado completamente, para que dé inicio a un proceso constituyente, a lo menos debe participar el 50 %de los ciudadanos. Esto le daría credibilidad, legitimidad y confianza al resultado, porque debemos recordar que uno de los principales problemas que enfrentamos en Chile es la pérdida de la confianza en las autoridades y en la política en general”, agrega.
Por lo mismo, Pugh señala que el principal desafío de cara a octubre es “crear y mantener las condiciones de seguridad necesarias para que nadie se sienta asustado o inhibido de concurrir a ejercer sus derechos. Es responsabilidad de la institucionalidad del estado garantizar estas condiciones a todos los ciudadanos sin excepción. Es mi opinión que, si esos requisitos básicos no se pueden cumplir, el acto eleccionario no se puede realizar y se deberá posponer hasta que las condiciones lo permitan”
El diputado Osvaldo Urrutia, en tanto, expone que “el poner en duda un resultado electoral o cuestionarlo porque nos gusta o no, nos transformaría en una nación bananera al estilo de Venezuela, que cuando el resultado no es favorable, simplemente lo anulan a buscan artimañas. En las últimas décadas, nuestro país, se ha caracterizado por respetar la voluntad de la gente y no creo que si gana el ‘Apruebo’ o el ‘Rechazo’, debamos acomodar el resultado a intereses particulares”.
Urrutia añade que tenía expectativas de alta participación hasta antes de la crisis sanitaria, pero puntualiza que “con pandemia y si las cifras son malas, el proceso se debería suspender porque justamente se utilizará el argumento de la baja participación para decir que carece de legitimidad por lo que creo que estamos viviendo un momenta en el país y el mundo que no está para realizar este tipo de plebiscitos porque los riesgos de generar un contagio masivo, son muy altos”.
Eso sí, las dudas en torno a la legitimidad y una potencial suspensión del proceso, no son una postura generalizada en el oficialismo. El diputado Andrés Celis (RN), lamenta “que a estas alturas, el debate se dirija hacia la representatividad del plebiscito de entrada, porque recordemos que el de salida, es decir, el que ratifica la propuesta concreta de nueva Constitución, requiere voto obligatorio. Nuestro país claramente no es líder en participación ciudadana para las elecciones, es cosa de recordar las últimas votaciones presidenciales, donde en 2013 Michelle Bachelet consiguió 3 millones 467 mil sufragios, correspondiente al 62,16% de los votos, o la votación del 2017, donde Sebastián Piñera superó a Guillier con 3 millones 790 mil votos, es decir, el 54% del total que participó”.
“En mi opinión no es válido comparar la participación de 1988 porque se trata de contextos absolutamente distintos; en ese momento nuestro país estaba en dictadura, por lo que el incentivo para votar era absolutamente distinto. Actualmente estamos en democracia, venimos de un estallido social nunca antes visto, por la que la participación debiese ser contundente, las personas están esperanzadas en que el cambio de la constitución, les permitirá mejorar una serie de falencias institucionales y también sociales”, expresa Celis.
“ARGUCIAS DEL RECHAZO”
En la oposición, como era de esperarse, no cayó nada bien el que se condicionara la legitimidad del referéndum. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) expone que “este es un proceso histórico que vamos a vivir, tan relevante como el año 1988. Yo creo que hay muchas ganas de participar porque la ciudadanía quiere que tengamos una Constitución nacida en democracia, escrita en una hoja en blanco y con una Convención Constitucional compuesta de manera paritaria por hombres y mujeres y que, lo más probable, es que tenga escaños para pueblos originarios”.
“La ciudadanía está muy consciente de que una Constitución dará el marco para hacer transformaciones. Todos queremos tener la más amplia participación y por eso, no nos gusta que ahora algunos se pongan creativos, y ante la derrota que tendrán en las urnas comiencen a inventar que se necesitan pisos mínimos de participación, Nosotros propusimos voto obligatorio y fue rechazado por la derecha. Nosotros con el Apruebo ofrecemos una alternativa para poder construir y desarrollarnos mejor como país. Ellos con el rechazo, no proponen nada”.
Una postura similar es la que expresa el senador Juan Ignacio Latorre (RD). El legislador frenteamplista señala que “el plebiscito de entrada se definió que es con voto voluntario. Yo era partidario de que fuera con sufragio obligatorio, pero dado que no es así, no es muy pertinente andar pidiendo porcentajes de votación para declararlo legítimo o representativo. Creo que no es comparable con el plebiscito del ’88, dado que era con voto obligatorio y se estaba estrenando un padrón, donde mucha gente se inscribió”.
“Hoy estamos en un contexto de pandemia. Por lo tanto, hay población de riesgo como los adultos mayores, que normalmente en Chile tienen altos porcentajes de participación, pero que dada la situación sanitaria, puede que tengan temor de ir votar para no exponer su salud y eso es completamente legítimo; pero no porque no exista el interés en participar. En resumen, dado que el voto es voluntario, no corresponde andar exigiendo umbrales de participación para declararlo legítimo. Si fuera por eso, en las últimas elecciones municipales, muchos alcaldes y alcaldesas fueron elegidos con muy bajos porcentajes de participación respecto del padrón electoral universal, y no por eso no son autoridades legítimamente electas”, puntualiza Latorre
Por su parte, el diputado Víctor Torres (DC) asegura que “es bastante paradojal que se levante este cuestionamiento de legitimidad previa realización del plebiscito, toda vez que quienes lo han realizado se opusieron a la reposición del voto obligatorio. Y esa diferencia respecto del plebiscito de 1988 lo hace una situación disímil y sin comparación posible”.
Asimismo, y al igual que el parlamentario de RD, apunta al hecho de que en elecciones pasadas la participación estuvo por debajo del 50%, preguntándose: “¿Alguien ha cuestionado el resultado de dichas elecciones, incluida la legitimidad del actual presidente, del Congreso o de los alcaldes? No. Por esta razón creo que no es sino una mera estrategia que han levantado los sectores del Rechazo, que viéndose perdidos en el plebiscito de octubre, intentarán por todos los medios deslegitimar el proceso de construcción de una nueva constitución, cuestión requerida por una amplia mayoría ciudadana”.
La senadora Isabel Allende (PS) se ilusiona con que “la participación sea lo más amplia posible, y hago desde ya, un llamado para que todas y todos asistan y participen del evento político más importante desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, es evidente que la participación en las últimas elecciones en el país ha sido baja, lo cual se suma a la pandemia que hoy vivimos. A nivel internacional, la mayoría de las elecciones han tenido una disminución en su participación”.
De todas formas, la parlamentaria socialista afirma que la participación no pondría en duda la decisión ciudadana expresada en el plebiscito “porque en democracia -y lo aprendimos con mucho dolor- respetaremos el resultado que entreguen las urnas. Las reglas del juego son claras, no se exige un número mínimo de participación, por lo cual la legitimidad del resultado no estará en juego con esto. De hecho, no existe ninguna legislación donde se exija un porcentaje para hacer válida una votación. Estas son argucias de quienes están por el ‘Rechazo”.
ESPERANZAS DE ALTA PARTICIPACIÓN
De cara al día en que se realice el plebiscito, el senador Chahuán considera que “si están dadas todas las condiciones habrá un alto nivel de participación, resultado en el cual la reforma constitucional que he presentado podría ayudar también”.
En tanto, el senador Pugh espera, en primer lugar, “que se cumpla durante todo el proceso y ojalá para siempre, el compromiso del ‘Acuerdo por la Paz’ en todo el país. Las condiciones de seguridad necesarias para legitimar un proceso de esta relevancia incluyen el hecho de que no pueden existir amenazas ni mucho menos hechos de fuerza, de vandalismo o de destrucción. Mi expectativa es que sea un proceso pacífico, bien informado y que dé garantías y cabida a toda la sociedad. Sin temores, sin miedos, sin violencia de ningún tipo. Los países nunca parten de cero. La actual Constitución que ha sido modificada y perfeccionada innumerables veces, es el marco que nos regula desde hace 40 años y ha logrado que el país haya alcanzado niveles de desarrollo y bienestar que jamás habríamos pensado hace medio siglo”.
Por su parte, la senadora Allende vislumbra que “tendremos una amplia participación, porque las y los ciudadanos han comprendido que para cambiar las injusticias, las inequidades y las grandes dificultades a que se enfrentan a diario, es necesario tener una nueva Constitución. Quizás en algunos sectores afecte el miedo al contagio, pero he percibido un gran entusiasmo frente a este plebiscito histórico”.
“Asimismo, espero que la opción ‘Apruebo’ y la Convención Constitucional ganen por amplia mayoría y podamos elaborar una Constitución que sea realizada democráticamente, con representación paritaria, de los pueblos indígenas y de las y los chilenos en el exterior”, expone Allende, en una opinión compartida por Lagos Weber, quien confía en que “el ‘Apruebo’ gane con un amplio margen y que en abril, podamos elegir a los integrantes de la convención constituyente”.
Por último, el senador Latorre está esperanzado en que el referéndum cuente con una amplia participación. “Es la primera vez en la historia de Chile que se le pregunta al pueblo soberano si quiere una nueva Constitución, construida democráticamente, con amplia participación, donde está la posibilidad de una Convención Constitucional 100% electa, con paridad de género, pronto estamos por legislar escaños reservados para pueblos originarios, con participación de independientes y la sociedad, que responda a la necesidad de un nuevo pacto social. Creo que ha calado muy profundo, después del estallido social, la necesidad una nueva Constitución en el país que construya un nuevo pacto social, económico, ecológico, democrático y eso implica que tenga un amplio respaldo de la ciudadanía el ‘Apruebo’ y la Convención Constitucional”
