RFI, 3 de agosto 2020
En el sur de Chile se produjeron enfrentamientos entre grupos racistas y militantes mapuche en varios ayuntamientos ocupados por estos últimos. Ocupaciones en apoyo de los presos de esta comunidad en huelga de hambre, con los que el Gobierno se niega por el momento a dialogar.
El viernes 31 de julio, el nuevo ministro del Interior chileno, Víctor Pérez, visitó la región y pidió a los alcaldes de las comunas afectadas que evacuaran los edificios ocupados. Al día siguiente, grupos racistas acompañaron las evacuaciones, golpeando a los activistas indígenas desalojados de los edificios. Dos ayuntamientos fueron en gran parte quemados al margen de los enfrentamientos, informa Justine Fontaine, corresponsal de RFI en Santiago.
Deber de investigación
En la raíz de estas tensiones están unos 15 presos mapuche en huelga de hambre, que piden terminar sus sentencias en su comunidad, como recomienda la ONU. Activistas por la autonomía de su pueblo decidieron apoyarlos ocupando municipios del sur del país.
“Hay una responsabilidad política del Gobierno que no ha querido enfrentar el diálogo directo, el diálogo político al más alto nivel con los comuneros que están en huelga de hambre, hace ya prácticamente hace 90 días. Ellos quieren dialogar y llegar a algún acuerdo”, señala Juan Ignacio Latorre, senador de la oposición y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno.
En cuanto a Víctor Pérez, que está “muy vinculado a la derecha dura, al pinochetismo, fue con declaraciones muy incendiarias que de alguna manera, creo que empoderan a todo este sector más reaccionario en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Se reunió sólo con un sector del conflicto, pero no tuvo ningún gesto hacia los presos mapuche. (…) Parece que hay presión muy fuerte desde la extrema derecha y el conflicto va escalando lamentablemente y no sabemos las consecuencias”, recalca Latorre.
Para el senador, el Estado chileno tiene el “deber” de investigar quiénes son estos grupos que atacaron a los activistas y que están “al borde del paramilitarismo”, y “cuál es su complicidad con los carabineros” o sus “vínculos con latifundistas de la zona”, con un posible “financiamiento ilegal”.
Necesidad de un diálogo permanente
Juan Ignacio Latorre opina que para aliviar estas tensiones en la Araucanía, sería necesario establecer “un diálogo político más permanente entre el Estado chileno y las comunidades mapuche sobre los derechos políticos, los derechos colectivos, las reivindicaciones territoriales, la autonomía: son temas que el Estado chileno no ha querido abordar”.
Chile está muy atrasado, subraya: “Chile es de los pocos países, diría el único país de América Latina, que no reconoce la existencia de los pueblos originarios en la Constitución. Tenemos un proceso constituyente a la vuelta de la esquina, estamos vigilando el tema de los escaños reservados, para que tengan un espacio reservado en ese proceso constituyente y se pueda dar el diálogo. Pero estamos muy atrasados. Todos los gobiernos han elegido el camino equivocado: la represión, la persecución, la criminalización, los presos políticos…”.
Los mapuche piden entre otras cosas la restitución de sus tierras ancestrales. Si bien en los últimos años, algunos grupos reivindicaron la responsabilidad de ataques a empresas madereras, la policía también hizo a veces acusaciones falsas contra miembros de esa comunidad, algo que Amnistía Internacional ha denunciado.
