El Desconcierto, 17 de junio 2020
Por Juan Ignacio Latorre y Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima
Hablar de sequía en Chile, es hablar de cómo el agua se encuentra privatizada y mercantilizada en el país, de cómo las fuentes de agua y su gestión se encuentran al arbitrio del lucro y la especulación. En plena pandemia hoy tenemos aproximadamente 2 millones de personas con serias dificultades para acceder al agua potable todos los días, 136 comunas (38% del total nacional) con decretos de escasez, miles de personas dependiendo del suministro de agua “potable” vía camiones aljibes, camiones que hoy la autoridad sanitaria no fiscaliza y cuya calidad biológica del agua, por tanto, desconoce.
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Al momento de conmemorar esta fecha, la pandemia provocada por el COVID-19 cobra miles de vidas todos los días. Chile no es la excepción. El 17 de junio llegaremos a superar la barrera de los 200 mil contagios, además liderando en América Latina el índice de mortalidad por cada millón de habitantes.
Desertificación y sequía tienen una relación causal directa con la pandemia. Ambas son el resultado del cambio climático, pero especialmente de la actividad depredadora de los seres humanos sobre el planeta.
En Chile, el modelo de explotación de los recursos naturales prioriza el establecimiento de los monocultivos que simplifican o más bien homogenizan el medio natural, destruyendo la biodiversidad y, por ende, los servicios ecológicos que esta presta. El sobre pastoreo, derivado de la ganadería intensiva, elimina la cubierta vegetal que protege los suelos. La destrucción del bosque nativo y, por ende, la destrucción de los hospederos de fauna nativa se debe, en rigor, a la tala ilegal de más de 22 mil hectáreas de bosque nativo desde el año 2008 en adelante y su sustitución con fines agrícolas. El establecimiento de cultivos en suelos sin aptitud de cultivo, como los paltos en cerros, ha sido una acción facilitada por la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Todas y cada una de estas prácticas han provocado que en Chile la mitad de los suelos tengan algún nivel de degradación.
Cabe agregar que del conjunto de procesos degradativos que impactan el suelo, y que aumentan la desertificación, sólo algunos son objeto de regulación y otros carecen de normativa adecuada. No se encuentran regulados los procesos de salinización y alcalinización, el incremento o la pérdida de porosidad, la pérdida de la capacidad de infiltración, la retención de humedad, la compactación y la pérdida de fertilidad, en rigor, la capacidad que poseen los suelos de producir alimentos.
Hablar de sequía en Chile, es hablar de cómo el agua se encuentra privatizada y mercantilizada en el país, de cómo las fuentes de agua y su gestión se encuentran al arbitrio del lucro y la especulación. En plena pandemia hoy tenemos aproximadamente 2 millones de personas con serias dificultades para acceder al agua potable todos los días, 136 comunas (38% del total nacional) con decretos de escasez, miles de personas dependiendo del suministro de agua “potable” vía camiones aljibes, camiones que hoy la autoridad sanitaria no fiscaliza y cuya calidad biológica del agua, por tanto, desconoce.
Territorios que son emblemáticos por denunciar el saqueo del agua han terminado recibiendo 50 litros de agua por habitante. Autoridades del gobierno han señalado que con esa agua es suficiente para satisfacer la demanda integral de una persona, incluyendo la higienización permanente de las manos. Han habido ministros interpelados por esta necesidad que dicen desconocer la situación, mientras el agua sigue a disposición de las industrias extractivas, y centenas de comunas quedan destinadas a su suerte.
Mientras, el Estado y quienes lo mal administran, insisten en mantener el régimen jurídico privado de las aguas, violando flagrantemente un derecho humano esencial, a lo que se debe agregar la pertinaz insistencia comercial de construir la carretera hídrica, teóricamente aumentando la oferta de agua en tiempos de escasez.
Hoy, día en que se conmemora mundialmente la lucha contra la desertificación y sequía, se conmemora también la lucha por el agua. Se nos interpela a pensar en la necesidad de armonizar la relación de los seres humanos con la naturaleza, reconociendo los límites ecológicos que esta tiene, comprendiendo cabalmente que no es posible un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos.
Ya no basta con lamentarnos o con señalar una vuelta pronta a la normalidad a partir del orden de cosas antes de la pandemia. Eso no es, ni va a ser nunca posible. Los efectos que hoy sufrimos por la devastación del medio natural se pagan en vidas que no tienen la posibilidad de recuperarse.
Habrá que pensar en preservar y conservar la biodiversidad, limitar el avance de los monocultivos e incentivar la conservación de los bosques nativos. Tendremos que formular políticas de protección de los suelos y recuperar el agua para salvaguardar la vida de las personas y también el funcionamiento de los ecosistemas, bióticos y abióticos. Debemos abocarnos a pensar y hacer un nuevo contrato con la naturaleza, conscientes de que no nos pertenece, que somos parte de ella y no sus dueños. Conscientes de que la apropiación del suelo y el agua para obtener plusvalía a partir de su explotación irracional es simplemente criminal. Hoy debemos cambiar, mañana, mañana será demasiado tarde.
