Carta al Director, La Segunda, 11 de junio 2020
Por Juan Ignacio Latorre, senador por la Región de Valparaíso, RD-Frente Amplio
Las cárceles tienen un problema de hacinamiento. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado nos hemos acercado a la realidad carcelaria durante la pandemia, cuya gravedad debe ser visibilizada y tomada en consideración.
La información está a la vista. El último informe del Colmed, realizado luego de su visita al Centro de Prisión Preventiva de Santiago Sur de la Región Metropolitana, describe una ocupación del recinto de un 159%. En concreto, ¡1.540 reclusos por sobre la habitabilidad del espacio! El informe identificó además, otros problemas que impactan en el manejo de la pandemia y la exposición que sufren los reclusos y reclusas. Algunos son la falta de elementos de protección personal, insuficiente número de exámenes PCR para COVID-19 y de cobertura de vacunación anti influenza 2020. Sumado a lo anterior, no se cumple con condiciones básicas de salubridad, identificándose falta de acceso a agua potable, frío, humedad, poco acceso a luz natural y presencia de roedores.
Como si las condiciones deshumanizantes recién descritas no fuesen suficientemente ilustrativas, las personas privadas de libertad ven constantemente vulnerado su derecho a la salud. De acuerdo al Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP (2019): “existe una cadena de situaciones que impide a las personas privadas de libertad acceder, a tiempo, a prestaciones médicas de calidad (…) no existe personal especializado ni los insumos mínimos para atender solicitudes médicas de cierta gravedad (…) como tampoco una institucionalidad que permita que sean atendidos de forma efectiva en el medio exterior”. Se suma a lo anterior, la falta de insumos básicos de higiene para mujeres y una falta de reconocimiento de las diversidades sexuales.
El indulto conmutativo ha sido una estrategia positiva, pero se necesita más para descongestionar las cárceles y mejorar las condiciones. Es urgente robustecer la infraestructura existente y aumentar la dotación médica y de personal de salud. Además, debiesen aprobarse leyes que limiten el uso de la prisión preventiva y que permitan suspender la pena privativa de libertad, por ejemplo para mujeres que tienen hijos/as menores de edad.
Estaremos trabajando por aquello.
