Publimetro, Por María Catalina Batarce L. Martes 05, mayo 2020
La oposición presentó una iniciativa que deroga el decreto de ley que da pie a las AFP. Exigen avanzar en un sistema de seguridad social público.
El debate previsional continúa sobre la mesa. A pesar de que la reforma lleva largos meses en el Congreso, aún no hay acuerdo entre el Gobierno y la oposición. En ese ambiente, senadores de oposición, de la DC al Frente Amplio, presentaron una iniciativa para terminar con el actual sistema de AFP y así avanzar en un sistema de protección social. El senador Juan Ignacio Latorre es uno de los impulsores de la iniciativa y explicó a Publimetro los detalles.
CV JUAN IGNACIO LATORRE
Nació: 24 de marzo de 1978.
Lugar: Santiago.
Estado Civil: Separado, una hija.
Formación: Psicólogo, académico y político del Partido Revolución Democrática. Fue electo senador con 30.545 votos, equivalentes al 4,60% de los sufragios.
Previo a eso, en el año 2016, se desempeñó como coordinador del Equipo de Formación Política y en la Coordinadora Previsional del Movimiento No+AFP.
-¿Qué busca el proyecto que presentaron?
Nosotros sabemos que es una iniciativa inadmisible, por el hecho de ser una materia exclusiva del Presidente. Es una señal política. Son propuestas con un contenido político. Y esto es interesante porque, en el mundo, si vemos el caso de países europeos que privatizaron sus sistemas de pensiones, a la chilena, con el mismo José Piñera como un connotado consultor, después hubo gobiernos de derecha que, a mediados de los 2000, dada la crisis del sistema de capitalización individual y sus pensiones de miseria, cambiaron y desprivatizaron el sistema. Por eso la señal en esta crisis, es abrirse a soluciones extraordinarias y especiales.
-¿Y en concreto?
Queremos terminar con el decreto Ley 3.500, que por lo demás tiene una carga negativa muy importante, porque es un decreto de ley que se hizo en dictadura. José Piñera impuso este sistema, con toda una campaña bien agresiva y promesas falsas.
Es momento de superarlo y tener una nueva ley, moderna, que cree un modelo de seguridad social público, con aportes tripartitos (empleador, trabajador y Estado), con un gobierno corporativo que garantice confianza y transparencia en la ciudadanía, para que no sea usado para otros fines, sino exclusivamente para pagar pensiones, que se le mida por su capacidad de pagar pensiones decentes a la gente, con reglas claras, límites mínimos y máximos, y autónomo, sin que dependa del gobierno de turno. Se puede replicar el gobierno corporativo que tiene el Banco Central, que da confianza.
-Quienes critican la idea hablan de que esto es una especie de expropiación.
No se trata de eso. Acá no vamos a usar los ahorros de la gente en cualquier cosa. Esto es crear un nuevo sistema de seguridad social, donde se pueden ocupar las denominadas cuentas nocionales, como ocurre en Suecia, y que permiten reconocer cuánto aporta cada trabajador, cuántos años de cotización tiene, y, según eso, tienes un beneficio definido. Es un sistema que no genera una pensión igualitaria para todos, sino que también depende de tus condiciones. Ahí quienes tengan salarios más altos, que no tiene lagunas previsionales, más años de cotización van a tener una pensión más alta, pero dentro de un rango con beneficios definidos, con mínimos y techos. Acá hablamos de un sistema solidario, con solidaridad intergeneracional e intrageneracional, con una pensión mínima definida, equivalente al salario mínimo.
-Varios de los puntos estaban sobre la mesa en la discusión del proyecto que presentó el Gobierno. ¿No sería más efectivo apurar esa tramitación y ahí hacer las modificaciones?
Lo que pasa es que la tramitación del proyecto, que está en la Comisión de Trabajo del Senado, está frenado porque están viendo otros, como el seguro de desempleo. Además, la discusión ahí se ha centrado en cuánto aportan los empleadores y esto dónde va, si va a cuentas individuales o a un sistema de seguridad social. El margen de esa negociación es insuficiente, porque no toca el 10% de las AFP. El Gobierno no ha estado dispuesto a tocar nada, ni un 2% para tener un sistema realmente mixto. Lo que plantean es introducir nuevas regulaciones, incorporar más actores, pero no toca lo estructural, que son los 10 puntos. Tampoco se da la posibilidad de elegir, como en salud. El Gobierno quiere cautelar el negocio de las AFP.
-¿Hay cohesión en la oposición para presionar con estas ideas?
Ese es un buen punto político, dada la fragmentación de la oposición. Obviamente ese es un talón de Aquiles que tenemos, un punto de debilidad. El Gobierno sabe que la oposición esta dividida y que cuesta articular. Lo importante de esta señal es que hay parlamentarios desde la DC al Frente Amplio. Sabemos que en las bases de nuestros partidos está esta preocupación muy fuerte, y hay insatisfacción en relación a cómo ha actuado la oposición en este tema. Primero, cómo actuó la oposición en la Cámara, y donde la Dc jugó se saltó al resto. Eso la gente lo sabe.
Los técnicos de la oposición han estado conversando de lo necesario de hacer cambios sustantivos. Obviamente no podemos garantizar unidad, es parte de la fragilidad, pero yo diría que si la oposición no se pone las pilas en este tema, es muy difícil que pueda captar la confianza de la gente en las próximas elecciones. Si la oposición no muestra que efectivamente está dispuesta a tocar a las AFP, a generar un cambio estructural de corto plazo que genere mejores pensiones, la verdad es que la oposición no tiene ningún futuro político a la hora de reemplazar a la derecha. Se supone que hay que reemplazar para hacer un proyecto alternativo, sino que siga la derecha gobernando. Este es uno de los temas más sensibles e importantes para la ciudadanía, junto con el tema constituyente. Acá la oposición se juega su futuro político.
-¿La estructura de nuestras instituciones son garantes de que el eventual sistema que se propone funcione?
No estamos inventando la pólvora. Existen experiencias en el mundo, como Uruguay, que tiene el Banco de Previsión Social, que lleva varios años en funcionamiento y no ha habido quejas de que las platas se estén gastando en otra cosa. Existe una institucionalidad público, con un gobierno participativo con participación de los trabajadores y los jubilados. También del Ejecutivo y otros nombrados por sistemas Alta Dirección Pública, de carácter autónomo. Depende de las reglas del juego, la transparencia, y me parece que Chile tiene la capacidad.
Por más que hayan empresas privadas que se hagan cargo, súper eficientes con gran capacidad técnica para administrar activos financieros, no están dando ninguna garantía y, por lo demás, si hay perdidas para los cotizantes, las AFP siguen ganando. Es el peor negocio para la gente. No abrirse a ese debate de fondo es un ceguera.
-¿Cuánto aumentarían las pensiones de las personas bajo este nuevo sistema?
Esto implica una cotización mayor, con un aporte del empleador, proporcional al que hace el empleado. Obviamente eso no se puede hacer de un momento a otro. Nosotros proponemos llegar a 18 puntos de cotización, 9 y 9 en un plazo gradual. Con esos 18 puntos, más el aporte estatal, se hace el cálculo. En muchos casos las pensiones se duplican y nadie queda bajo el ingreso mínimo.
-¿Se deja alguna opción para las actuales AFP?
La alternativa que dejamos es que puedan funcionar como entidades donde se deja un ahorro voluntario, pero por sobre la seguridad social. Por fuera, si tienes la renta, puedes tener ese fondo que complemente. Sería un privilegio. Las AFP no son necesarias.
-Pero más allá de que no sean necesarias, ¿las personas no podrían elegir dejar todos sus fondos ahí? Como en salud.
Si se abre la discusión me parece que se puede abordar. Mi opinión es que en seguridad social hay una cotización obligatoria y el Estado tiene la facultad de decir, tal cual como hubo una imposición en dictadura, en democracia se puede decir tengamos un sistema con estas reglas del juego, donde todos tengan que aportar. Eso sería lo deseable, pero obviamente puede haber una transición donde la gente decida.
-¿Qué plazos se manejan? ¿Cuándo podrían haber mejores pensiones?
Se podrían coordinar mínimos de la oposición para dividir el proyecto en una agenda corta, y que los cambios estructurales se puedan dar en varios meses de trabajo. Una agenda corta, que implique mejorar las pensiones en el corto plazo, perfectamente se podría votar rápido, llegar a un acuerdo con el Gobierno. Eso se podría votar dentro del primer semestre.
