Nota publicada originalmente en pauta.cl
El Gobierno patrocinaría una moción ingresada por senadores opositores, entre ellos el titular del Senado, Jaime Quintana.
En pleno debate por la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, el pasado 12 de enero el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio a conocer que desde el Gobierno estaban trabajando para el primer semestre de 2020 un proyecto de ley para regular el derecho de reunión.
La apuesta de La Moneda apuntaba a darle marco legal al tema -que hoy se rige por un decreto del año 1983- y que se convirtió en un dolor de cabeza tras del 18 de octubre, cuando las manifestaciones se transformaron en un escenario permanente en el centro de la capital y en sectores aledaños a Plaza Italia.
“Parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos; lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija”, dijo Larraín, en ese entonces, en el diario El Mercurio.
Sin embargo, el anuncio recibió más críticas que apoyos de la oposición y obligó al Gobierno a evaluar otras estrategias para avanzar en el tema, según averiguó PAUTA. Una de ellas es que desde el Ejecutivo barajan la idea de patrocinar y darle en marzo -al regreso del receso legislativo- urgencia a una moción impulsada los senadores Jaime Quintana (PPD), Felipe Harboe (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista), quienes al día siguiente de los dichos de Larraín, ingresaron un proyecto de ley que busca garantizar el “derecho de manifestarse pacíficamente”.
“El ministro de Justicia ha expresado que se está evaluando regular por ley el derecho a reunión y este proyecto, que es una moción de varios senadores, incluyendo al presidente del Senado, apunta en esa dirección”, dijo a PAUTA el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
En el Ejecutivo defienden que la regulación en este tema es un pedido transversal por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Sin embargo, la propuesta original del titular de Justicia se conoció en medio del libelo contra el intendente metropolitano, quien es cuestionado por la centroizquierda precisamente por su estrategia de “tolerancia cero” a las protestas sin autorización y de copamiento policial preventivo en el sector de Plaza Italia los últimos viernes de diciembre.
Por eso, la señal de La Moneda no es menor, particularmente en esta semana. Aunque este martes 4 de febrero en el Senado el escenario parece favorable para Guevara, pues no estarían los 22 votos necesario para destituirlo por la ausencia segura de al menos tres senadores de oposición -Harboe, José Miguel Insulza (PS) y Rabindranath Quinteros (PS)- y la duda o pareos de Juan Pablo Letelier (PS) y Ximena Rincón (DC), la discusión de fondo sobre las facultades del intendente en materia de orden público y el derecho a manifestarse quedó sobre la mesa. Todo ello especialmente cuando en sectores como el Frente Amplio ya se habla de otros libelos contra autoridades regionales. Los detallessubir
La moción opositora está en su primer trámite en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado y busca modificar el artículo 2, letra b de la Ley N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional que define las facultades de los intendentes, entre ellas, “velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes”.
El proyecto agrega en este punto que “en ningún caso esto significará una limitación, restricción o suspensión a los derechos garantizados por la Constitución, especialmente, en lo relativo al derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, salvo en los casos expresamente señalados en la ley”.
En el texto, los senadores aseguran que solo “el legislador puede establecer regulaciones y limitaciones a ese derecho fundamental”, por lo que si el intendente, por ejemplo, se negara a autorizar una marcha, “estaría actuando ilegalmente, por cuanto no existe norma de rango legal que regule el ejercicio del derecho”.
Si bien hoy la Constitución, en su artículo 19 N°13, consagra el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, señala que en las calles, plazas y demás lugares de uso público las reuniones se regulan por las disposiciones generales de la policía. Esto está delimitado a través del Decreto n°1.086, de 1983, que precisamente es uno de los puntos de discordia entre los expertos, pues es una norma de los años ochenta y exige la autorización previa de la Intendencia para poder realizar cualquier manifestación.
De hecho, en el proyecto impulsado por los senadores de oposición se señala que este decreto “no satisface las exigencias de determinación y especificidad que se requieren para limitar el ejercicio de un derecho fundamental. Incluso se podría atentar en contra del contenido esencial del derecho de reunión, el cual ha sido fijado por la Constitución y los tratados internacionales, pudiendo solo el legislador explicitar o desarrollar tal contenido, pero nunca limitarlo”.
