Nota publicada originalmente en elmostrador.cl
La reciente aprobación de la ley que elimina el Dicom para deudas educativas en todos los niveles, ha causado molestia al interior de algunos grupos del mundo privado, la banca y el oficialismo, en donde ven que esta iniciativa puede abrir una ventana hacia medidas como la eliminación de las deudas estudiantiles o su despenalización. Durante la tramitación del proyecto, estos sectores levantaron trabas al proceso legislativo y señalaron que los principales perjudicados serían los estudiantes, que se podría llegar hasta a cerrar escuelas y subir el costo de los aranceles en la educación superior.
La aprobación del proyecto denominado “Chao Dicom”, el jueves 30 en el Congreso, fue ampliamente celebrada por las agrupaciones de deudores educacionales, la oposición y parte de la bancada de Renovación Nacional. La iniciativa, que prohíbe la inclusión de las personas morosas por deudas educativas de cualquier nivel en el boletín comercial, es vista como una “ventana” hacia el camino de la condonación de la deuda de educación superior, por ejemplo, para los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las demandas sociales que han sido levantadas desde el estallido del 18 de octubre.
El vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, destacó –durante la tramitación– que la aprobación de esta ley no es un “perdonazo” a los estudiantes endeudados, sino que “es asumir que el Estado, en su momento, cometió un error en el diseño del financiamiento de la educación superior”. En el Congreso recalcaron que, pese a que la medida no elimina la deuda, sí “es una fórmula de presión” para que el Gobierno vaya en el camino de la condonación total.
En medio del estallido de octubre, el Presidente Sebastián Piñera incluyó en la agenda social la condonación de los intereses por mora de los deudores CAE, una iniciativa que aún no ha sido ingresada al Congreso y que pareció insuficiente para un sector del oficialismo, como el timonel de RN, Mario Desbordes, que planteó la condonación total de la deuda.
La ley busca ser un alivio para más de un millón de personas que tienen deudas educativas, además, se complementaría con otra iniciativa que apunta a despenalizar dichas deudas y que fue ingresada hace unas semanas por la senadora Yasna Provoste (DC). La penalización e inclusión en Dicom de la deuda universitaria, como el Fondo Solidario de Crédito Universitario, fue implementado en la administración de Ricardo Lagos a través de un proyecto redactado por el entonces ministro de Educación Sergio Bitar, medida que contó con el respaldo transversal del Congreso de la época.
En el Congreso subrayaron que marzo es un mes clave para la discusión en materia de endeudamiento estudiantil. En la oposición reconocieron que le han “dado tiempo al Gobierno y a la ministra Cubillos” para elaborar una nueva propuesta para terminar con el CAE y otras fórmulas de cláusulas abusivas en créditos de educación superior. La mesa anunciada por el subsecretario Figueroa puede ser una salida al conflicto, pero en el mismo oficialismo reconocen que “hay un sector que no quiere aliviar la deuda con la que cargan estudiantes y sus familias”.
Según los datos informados por Comisión Ingresa en 2019, hasta el momento hay 937.590 deudores CAE y el 61% de ellos ya está en etapa de pagar el crédito. El 40% de los estudiantes en edad de pagar se encuentra moroso, lo que equivale a unos 192 mil deudores y la morosidad aumenta en los casos de deudores CAE que no terminaron sus estudios, la que llega al 70% de los casos. Según lo informado por la agencia, el fisco ya recompró la deuda de 11 mil de esos créditos impagos.
Dicom Equifax, empresa que genera informes de deudores morosos, estimó que de las 355 mil personas informadas por el boletín, 255 mil figuran en este con deudas por educación superior y que la iniciativa aprobada en el Congreso beneficiará a 234 mil personas, lo que equivale a $443.072 millones en deudas.
Pero el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, encendió la alarma frente a una realidad que no puede ser abordada por la ley “Chao Dicom”: “Para los deudores CAE es lo mismo, aunque tengamos Ley Dicom, las listas negras existen, aunque no sean legales”. Una realidad a la que apuntó el senador Carlos Montes (PS), en la comisión de Economía del Senado, donde indicó que “las instituciones financieras operan con dos tipos de registros: uno de carácter interno y otro de carácter público, el primero de ellos nunca ha podido ser objeto de regulación, en razón de que es de carácter privado”.
La resistencia política
En el Congreso recalcan que, durante la tramitación del proyecto, los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Educación del Senado y la Cámara “intentaron dilatar la discusión, hacer que se perdiera en la burocracia”. Pero añaden que también hubo una serie de reuniones entre parlamentarios “de la vieja guardia” de la oposición con la banca y el oficialismo, con el fin de intentar frenar el proyecto “por secretaría”, como consignan quienes fueron parte de las negociaciones.
Los rectores habrían constituido otro grupo “difícil de convencer”, ya que algunos miembros del CRUCh hicieron saber que esta medida podría llegar a afectar la recaudación del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Además, en la discusión, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, planteó que era partidario de acotar la medida a las deudas de pregrado.
Para el director de Nodo XXI y especialista en educación, Víctor Orellana, en la tramitación de esta iniciativa quedó en evidencia que “la Concertación no ha sido todo lo ágil en sacar el Chao Dicom y otros proyectos similares, porque aún no asumen su responsabilidad”. Agregó que hay partidos –como el PPD– que aún no han asumido su responsabilidad en los altos niveles de endeudamiento y que no han puesto “toda su energía en aprobar estos proyectos”.
La arremetida más dura provino del oficialismo, sus parlamentarios y el propio Gobierno, donde no cayó bien la aprobación del proyecto el jueves 30.
La senadora Ena von Baer (UDI) solicitó que la Comisión de Economía del Senado revisara el proyecto. Allí reingresaron algunas indicaciones que habían sido rechazadas en Educación y lo mismo intentó hacer el diputado gremialista Jaime Bellolio en la Cámara de Diputados, sin obtener mayor éxito.
“Las indicaciones caían en el absurdo”, recordó un parlamentario, como por ejemplo agregar la eliminación de Dicom de las deudas contraídas en autopistas concesionadas. También buscaron reducir la aplicación de la ley a las deudas de educación superior y solo en pregrado. El senador José García Ruminot (RN) sostuvo en distintas ocasiones que la merma en el retorno del pago de los créditos terminará siendo financiada por “los futuros estudiantes de educación superior por la vía de aumento de aranceles y matrículas”.
El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, estuvo de acuerdo con incluir la indicación y aseguró que los estudiantes podrían utilizar la excusa de un crédito para posgrado y usarlo para consumo: “Como el dinero es una cosa fungible, es difícil que determinados fondos sean destinados a un fin determinado”, apuntó ante los senadores en julio de 2019.
En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Bellolio y Luis Pardo (RN) ingresaron una indicación al artículo transitorio que establece la eliminación de los registros en 180 días tras publicarse la ley. Los parlamentarios de Chile Vamos buscaban que “en ningún caso” esto pudiera “entenderse como la extinción de la deuda”.
La diputada Camila Rojas indicó que lo que se quería era “entorpecer el trámite legislativo. Está claro que el proyecto no extingue de manera alguna las deudas educativas”. Pero, con los votos de las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Camila Vallejo (PC), la indicación se aprobó y pasó a comisión mixta, donde nuevamente los parlamentarios intentaron incluir los cambios propuestos en las indicaciones, sin obtener éxito.
A principios de abril de 2019, el Ejecutivo marcó su postura. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, señaló que la iniciativa buscaba modificar de forma “inorgánica” la Ley del CAE y calificó el proyecto de “medida parche, que evita debatir el tema básico” de la fórmula de financiamiento para el sistema de educación superior. “Lo que hay que hacer es concordar pronto un nuevo sistema de crédito que permita, como se ha propuesto, eliminar del registro a los jóvenes que están en el Boletín Comercial y asegurar que en el nuevo sistema disminuya drásticamente la posibilidad de entrar en situación de morosidad”, afirmó el subsecretario.
Para esa fecha, el proyecto del nuevo Sistema de Financiamiento Solidario Unificado, propuesto por el Gobierno de Piñera, llevaba nueve meses en tramitación en el Congreso. La iniciativa propone la creación de una especie de Dicom público, ya que en su artículo N°42 establece la publicación de una nómina de deudores, sin la necesidad de que deban estar morosos, medida que ha sido ampliamente criticada por la oposición, organizaciones de deudores y estudiantes.
A más de un año y medio de su ingreso, la tramitación del denominado “CAE 2.0 de Piñera” se encuentra congelada en el Congreso, desde abril de 2018, fecha en que la oposición le solicitó al Gobierno quitarle la urgencia al proyecto, si no, lo rechazaría por completo en la Cámara Alta, pues según los senadores dejaba en desventaja a la gratuidad.
El Gobierno cedió, pero desde esa fecha “no ha hecho nada por agilizar la discusión”, puntualizaron desde el Senado. Actualmente, se está a la espera de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, convoque a una mesa de diálogo con la oposición y especialistas para elaborar una propuesta de consenso que termine con el CAE, mesa que debería constituirse en marzo, según el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
Los privados a la carga
Desde el mundo privado, no hubo nadie que se acercara a las comisiones de Educación o Economía del Congreso para respaldar el proyecto. La banca, organizaciones de escuelas privadas y Dicom Equifax argumentaron que la iniciativa terminaría perjudicando a los propios estudiantes, con el alza de aranceles y hasta con el posible cierre de colegios.
En representación de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Cristián Dockendorff asistió a la comisión de Educación de la Cámara Alta el 2 de abril de 2018 y allí indicó que el proyecto “Chao Dicom” afecta “gravemente los intereses de los sostenedores particulares”, al tiempo que “vulnera gravemente el derecho a la libertad de enseñanza”. Advirtió que podía llegar a afectar a la comunidad educativa completa y llevar al cierre de los establecimientos, toda vez que propiciaría el no pago de la colegiatura por parte de los padres.
A nombre de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), su entonces gerente general, Ricardo Matte, advirtió que la iniciativa implica “una merma en la gestión de riesgo de crédito de las instituciones financieras”. También destacó que la publicación de compromisos económicos quedó fuera del proyecto de Protección de Datos Personales, por lo que la iniciativa debería ceñirse a estándares internacionales, de modo que “asegure la libre circulación de la información”.
A pesar de que públicamente la Abif no se refirió en profundidad al proyecto, fuentes del sector económico afirmaron a El Mostrador que “hay preocupación al interior de la banca”. Aseguraron que la aprobación de esta iniciativa marca “un inicio de no retorno” que podría afectar sobremanera al sistema financiero y al “propio fisco, que es plata de todos”. Agregaron que los bancos han tenido reuniones bilaterales con autoridades, principalmente para “definir la transición del actual sistema CAE al sistema solidario”, mecanismo por el cual aún no habría consenso.
Quienes conocen las negociaciones, aseguraron que el Mineduc “está en un zapato chino”, que no cuenta con los votos para aprobar el proyecto tal como ingresó en 2018, pero que en la oposición varios parlamentarios han cedido a la idea de que el fisco liquide la deuda de créditos CAE, la que llega a los US$8.742 millones, según las últimas cifras de Comisión Ingresa. A dicho valor se le debe agregar el interés pactado con los bancos en cada licitación, el que varía entre un 6% y hasta un 27%, dependiendo de la cartera de deudores recomprada.
El Mostrador se contactó con la Abif para conocer su punto de vista respecto al proyecto aprobado, la nueva Ley de Sistema de Créditos Solidario Unificado y la iniciativa de la senadora Yasna provoste, que busca despenalizar las deudas educacionales, pero no se obtuvo respuesta.
Equifax fue la principal detractora de la iniciativa, según señalaron parlamentarios que fueron parte de la tramitación. En el segundo informe de la comisión de Educación del Senado, quedó plasmada su intervención en esta instancia. Su director legal, Ignacio Bunster, subrayó que el tema de la deuda educacional “es extremadamente sensible” y que las casas de estudios están teniendo “severos problemas para cobrar sus créditos”.
A juicio de Bunster, las deudas educacionales no merman la vida financiera de los deudores. Destacó que el 15,2% de los deudores educacionales accedió a otro crédito de consumo, mientras que en los deudores por otros ítems solo un 9,7% y que, además, un 14,6% de los deudores educacionales accedió a un crédito hipotecario.
El gerente afirmó que los principales afectados por la eliminación de las deudas estudiantiles morosas de Dicom serán los estudiantes del futuro, ya que se disminuiría el retorno de los créditos a universidades e instituciones financieras, lo que podría encarecer los aranceles y aumentar las condiciones e intereses para los créditos. En la comisión de Economía del Senado, Bunster recargó sus argumentos y recordó la discusión del año 2003, en donde los parlamentarios de centroizquierda respaldaron la inclusión de las deudas en el boletín comercial propuesta por el Gobierno de Lagos.
Bunster consignó que el entonces senador Carlos Ominami argumentó que “se justifica porque no se trata de deudas tradicionales”. El exministro Bitar pidió que el proyecto se aprobara, ya que “los compromisos se cumplen. No puede una persona adquirir un crédito y luego hacer tabla rasa de su pago”.
De acuerdo a los datos proporcionados por el gerente de Equifax, con la aprobación de la “Ley Chao Dicom” la empresa dejaría de obtener la información sobre 200 mil deudores, más de la mitad de la que tiene publicada actualmente la compañía. Cabe destacar que el negocio de Dicom Equifax se sustenta en vender perfiles financieros, sus informes son pedidos para arriendos, postulaciones a trabajo y hasta para las matrículas en colegios privados.
En el Congreso subrayaron que marzo es un mes clave para la discusión en materia de endeudamiento estudiantil. En la oposición reconocieron que le han “dado tiempo al Gobierno y a la ministra Cubillos” para elaborar una nueva propuesta para terminar con el CAE y otras fórmulas de cláusulas abusivas en créditos de educación superior. La mesa anunciada por el subsecretario Figueroa puede ser una salida al conflicto, pero en el mismo oficialismo reconocen que “hay un sector que no quiere aliviar la deuda con la que cargan estudiantes y sus familias”.
