Descarbonización y justicia climática: ¡no más zonas de sacrificio!

Juan Ignacio Latorre, Catalina Pérez y Pablo Troncoso

Quienes viven en condiciones de mayor precariedad reciben la mayoría de los costos y consecuencias de la crisis climática y ecológica, perjudicando aún más su calidad de vida y sus posibilidades de enfrentarla correctamente. Irónicamente, los que han provocado y se han beneficiado económicamente de esta crisis son quienes buscan esconder y perpetuar esta situación de desigualdad. Un plan de descarbonización más ambicioso no solo es urgente para que podamos aportar a la mitigación de la crisis climática, sino también para garantizar derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de las comunidades y del medioambiente.

La realización de la COP25 en Chile permite acentuar otras dimensiones en la problemática de las “zonas de sacrificio”. Se abren nuevas posibilidades de soluciones, especialmente en lo que respecta a las medidas de mitigación a la crisis climática mediante planes de descarbonización y a lograr transformarnos en una economía carbono-neutral. Existe una relación territorial directa entre estas dos problemáticas, ya que las 28 centrales termoeléctricas a carbón del país se encuentran distribuidas en las cinco comunas categorizadas como “zonas de sacrificio”: Tocopilla con 7 centrales; Mejillones, 8; Huasco, 5; Puchuncaví, 4; y Coronel con 3. La movilización nacional de este 27 de septiembre, convocada por los movimientos socioambientales, es una excelente oportunidad para visibilizar esta situación.

En Chile, el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero son generados por el sector eléctrico, en donde el 41,5% proviene de la generación de electricidad, 31,3% del transporte, 18,5% de las industrias manufactureras y 8,4% de otros sectores. Para enfrentar esta situación, el Gobierno de Chile se ha propuesto el cierre de la totalidad de termoeléctricas a carbón al año 2040, propuesta que ha sido ampliamente cuestionada por la ciudadanía por su poca ambición y porque sería solamente un acuerdo entre privados.

Existen contrapropuestas que aseguran que es factible cerrar las 28 termoeléctricas a carbón al año 2030. Estas 28 centrales representan el 22% de la capacidad instalada de generación eléctrica, las cuales no solo contribuyen al calentamiento global, sino que también producen un grave impacto en el medio ambiente y la salud de las personas, representando el 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) del Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado Norte Grande (SING); el 88% de las emisiones totales de material particulado (MP); el 97% de las emisiones totales de dióxido de azufre (SO2); y el 91% de las emisiones totales de óxidos de nitrógeno (NOx).

Esto claramente ha influido en el hecho de que el 38% de los conflictos socioambientales del país se deba al sector energía, como lo indica el INDH. Un reciente estudio elaborado por la Defensoría de la Niñez y la Universidad Católica de Valparaíso advierte que en la bahía de Quintero-Puchuncaví se están vulnerando 17 de los 18 derechos de la niñez. Este estudio afirma que las personas que habitan en las cercanías de termoeléctricas se enferman cuatro veces más que en el resto del país.

Quienes viven en condiciones de mayor precariedad reciben la mayoría de los costos y consecuencias de la crisis climática y ecológica, perjudicando aún más su calidad de vida y sus posibilidades de enfrentarla correctamente. Irónicamente, quienes han provocado y se han beneficiado económicamente de esta crisis son quienes buscan esconder y perpetuar esta situación de desigualdad. Un plan de descarbonización más ambicioso no solo es urgente para que podamos aportar a la mitigación de la crisis climática, sino que también para garantizar derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de las comunidades y del medioambiente.

Buscar la justicia climática, es decir, la distribución equitativa de los costos y beneficios de la crisis climática y ecológica, significa evidentes beneficios no solo sociales y medioambientales, sino que podría servir como un primer impulso para dinamizar y complejizar la economía nacional con tecnología y sacarla del estancamiento en que se encuentra. 

Si llevamos la ambición un paso más allá, y nos damos el objetivo de reducir radicalmente el uso de combustibles fósiles, los beneficios podrían ser aún mayores. La generación eléctrica del país es altamente dependiente de este tipo de combustibles, representando alrededor de un 59% del total, lo cual incluye no solo el carbón, sino que también el gas natural y el petróleo diésel.

Chile no cuenta con fuentes de energía fósil, por lo que debe recurrir a la compra e importación de estos combustibles en el extranjero. Un claro ejemplo es el caso de Quintero-Puchuncaví, cuya bahía tiene como principal actividad económica la energía. Es un puerto donde ingresan combustibles fósiles importados –cerca del 15% del total desde el año 2014 hasta la fecha–, actividad responsable de los varamientos de carbón y microderrames de petróleo casi semanales que tienen que soportar las comunidades del territorio en sus playas. Es totalmente irracional que nuestra generación eléctrica dependa de combustibles fósiles, considerando que como país tenemos un potencial en desarrollo de energías renovables no convencionales (ERNC) único en el mundo.

La tendencia mundial no es muy favorable. Las emisiones de CO2 aumentaron un 1,7% el año 2018, alimentadas por un incremento en las inversiones globales en energías fósiles y una disminución en las inversiones en energías renovables no convencionales. A esto se suma el informe del Fondo Monetario Internacional, que cifró en 5,2 trillones de dólares el monto de subsidios a los combustibles fósiles a nivel planetario. Se sabe que Chile podría aportar en revertir esta situación y liderar la transición a energías limpias, inspirando y apoyando al los demás países de Latinoamérica y al resto del mundo. Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha son completamente insuficientes para hacerse cargo de la real urgencia que representa la emergencia climática y ecológica.

El punto de partida prioritario es reemplazar con energías renovables no convencionales el 22% de la capacidad instalada de generación eléctrica que hoy ocupan las 28 termoeléctricas a carbón con un plazo máximo el año 2030; meta que debe ser explicitada en la Ley Marco de Cambio Climático al igual como está incluida la meta de carbono neutralidad al año 2050, siendo la medida de mitigación más urgente, dado que el carbón es responsable de ¼ de las emisiones de gases de efecto invernadero totales del país.

El mercado ya se ha orientado a incentivar la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, pero falta potenciar el ingreso de tecnologías ERNC de generación 24/7 para poder reemplazar realmente las termoeléctricas. La energía geotérmica representa una excelente oportunidad, aprovechando que Chile no solo es la Arabia Saudita de la energía solar, sino que también lo es de la geotermia, siendo la única energía que no depende de la estabilidad de las condiciones climáticas.

Es indispensable la participación e involucramiento del Estado junto a una activa participación ciudadana para su implementación responsable, lo que a su vez requiere que logremos superar la muralla que representa el dogmatismo libremercadista que incrementa nuestro nivel de vulnerabilidad a la crisis climática y que busca perpetuar el uso de combustibles fósiles. La implementación de la energía geotérmica no solo permite avanzar hacia la independencia económica de estos combustibles en la matriz eléctrica, sino que también es posible mejorar nuestros sistemas de calefacción, aportando en reducir los niveles de pobreza energética del país, junto a los problemas en la salud que genera la calefacción a leña en ciudades como Coyhaique y Temuco.

Buscar la justicia climática, es decir, la distribución equitativa de los costos y beneficios de la crisis climática y ecológica, significa evidentes beneficios no solo sociales y medioambientales, sino que podría servir como un primer impulso para dinamizar y complejizar la economía nacional con tecnología y sacarla del estancamiento en que se encuentra.

Publicada en El Mostrador, el 12 de septiembre 2019