Por: Mesa del Agua: Senador Juan Ignacio Latorre (RD-FA) – Diputado Diego Ibáñez (MA-FA) – MODATIMA- Mujeres de Zonas de Sacrificio – Putaendo Resiste – Fundación Newenko.
Esta semana estaremos conmemorando El Día Internacional de la Tierra (o Madre Tierra) el cual se celebra el 22 de abril de cada año y donde se busca promover la reflexión y cuidado hacia nuestro planeta, quien nos provee con sus ecosistemas como sustento para que podamos desenvolvernos como sociedad y desarrollar nuestras actividades vitales como económicas y sociales.
Nuestro planeta ha sido testigo cómo desde la revolución industrial en adelante, nuestra sociedad ha sobre explotado sus bienes comunes, considerando que son recursos para abastecer una economía fundada en la extracción de materias primas. Hoy por hoy, el efecto de esto ha llevado a que la temperatura del planeta aumente a 1°C en los últimos 150 años, producto de la contaminación que generamos a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, la deforestación indiscriminada, contaminación en suelos y agua, extinción de flora y fauna, todo aquello que permite el equilibrio biológico en los ecosistemas. Si no hacemos nada por contrarrestar estos impactos negativos, se estima que la temperatura del planeta puede aumentar en 4°C a fin de siglo, lo que sería realmente catastrófico para muchas sociedades y ecosistemas tal como los conocemos hasta ahora: se provocarán aumento del nivel de los océanos (lo que haría desaparecer algunas islas y ciudades costeras), menor disponibilidad de alimentos, cambios en el tipo y frecuencia de lluvias (que provocan desplazamientos de tierra, aluviones, inundaciones) y migraciones forzadas, entre otros..
Finalmente, ese es el llamado del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que año tras año reúne a todos los Estados en las COPs para lograr acuerdos que limiten el aumento de temperatura del planeta en no más de 1.5°C a fin de siglo. Consideramos que si bien este acuerdo es insuficiente, es el mínimo necesario para tener escenarios que no sean catastróficos para sectores mayoritarios de la población. Este y otros temas estarán dentro de los desafíos que pone en el debate la celebración de la COP25 que se realizará en diciembre de este año en nuestro país: qué hacemos como país para prepararnos a estos cambios y cómo contribuimos a no profundizar el problema del calentamiento global.
Uno de los elementos más preocupantes a nuestro juicio, es que dentro de las consecuencias específicas que se proyectan actualmente para nuestro país, se estima una importante redistribución de las precipitaciones en nuestro territorio, acentuándose las sequías y el avance de las zonas áridas y semiáridas en el territorio nacional; lluvias inusuales e intensas en periodos cortos de tiempo -no teniendo capacidad de respuesta para este tipo de eventos climáticos derretimiento de glaciares, entre otros temas. Todo esto, repercute en la disponibilidad de agua especialmente para temas esenciales como el consumo humano y aquellas actividades que permiten el desarrollo de muchas comunidades locales.
Si la disponibilidad de agua se verá aún más afectada que en la actualidad por del cambio climático, al no contar con los caudales habituales en los ríos, ni los glaciares y nieves que históricamente abastecían a comunidades en periodo estivales, ni lluvias que colaboraban con la agricultura de secano, la reciente reforma al Código de Aguas anunciada por el gobierno, es no entender el problema de fondo y lejos de la realidad de las localidades afectadas.
El problema de disponibilidad de agua no se soluciona con que el Estado compre agua a privados (con plata de todos los chilenos y chilenas, dicho sea de paso) para que estos sean entregados a localidades donde no hay agua. Si debemos acostumbrarnos a que “los números” de los caudales establecidos por la DGA son muy superiores a la realidad actual, tampoco tiene sentido seguir sobre-otorgando derechos de agua cuando no existe tal disponibilidad de agua en las cuencas. Tampoco tiene sentido que el agua siga en manos de privados, a quienes se les garantiza utilizar cierta cantidad determinada de agua mientras comunidades rurales agrupadas en Comités de Agua Potable Rural (APRs) como en el caso de la Región de Valparaíso, quedan desabastecidas por no contar con derechos de agua y necesitan comprar a privados este vital elemento, no garantizando tampoco su calidad.
Una buena reforma al Código de Aguas pasa por replantear quienes son los dueños del agua, para qué se utiliza el agua disponible y priorizar consumos, garantizando el agua como derecho humano para todos los chilenos por igual.
El agua es un derecho humano, y es el Estado el que debe ser garante de ello. Mientras el Estado siga sin entender la lógica de los cambios que estamos viviendo en la naturaleza producto de los cambios en el clima, nada sacamos con crear políticas públicas, leyes u otros mecanismos como expropiar los derechos de agua a quienes se les otorgó el agua de manera gratuita y todo este tiempo han lucrado con ella.
*Publicada en El Mostrador, 23/04/2019.
