Tras la autorización por parte del Servicio de Evaluación Ambiental del uso de tronaduras en la Mina Invierno – de propiedad del grupo Angelini y Von Appen- ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes, los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD), junto a la diputada Catalina Pérez (RD) y el diputado Juan Castro (PS) en compañía de representantes de organización “Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví”, rechazaron tajantemente la resolución y condenaron el actuar del Gobierno al estar favoreciendo nuevamente intereses económicos desde las empresas, versus la salud y el derecho al medioambiente de la población.
Al respecto, el senador Alfonso de Urresti, catálogo la medida como “un subsidio encubierto a la industria del carbón la cual precisamente hoy queremos eliminar y regular, y que hoy está presente en Quintero y Puchuncaví con una enorme contaminación. Hoy día al autorizar las tronaduras, mejora los costos de extracción, en definitiva lo hace más rentable y produce mayor cantidad de toneladas de carbón, por ende es un subsidio de contaminación”.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre señaló “El gobierno que dice estar a favor de las energías renovables la energías limpias y medioambiente. Con este tipo de medias están aprobando y fomentando mucho más el carbón que sin energías que contaminan. El derecho a la salud al medio ambiente libre de contaminación pareciere ser que es un slogan y con este tipo de medidas se favorecen los intereses económicos del grupo Angelini, Von Appen y las termoeléctricas Aes Gener.
En la misma línea, la diputada y presidenta de la Comisión de Medioambiente de la Cámara, Catalina Pérez, indicó que “el mismo carbón que está enfermando a miles de familias en Quintero y Puchuncaví ha sido el carbón que se está buscando subsidiar vía tronaduras en isla Riesco”. Y agregó: “Hoy vemos con decepción como un gobierno que ha señalado tener la agenda medioambiental en el tapete como una de sus prioridades, nuevamente busca favorecer el fast track del ingreso de inversiones, lo que termina imponiéndose es la agenda económica de la Moneda, incluso a costa de la salud del territorio y de sus habitantes”.
Marta Aravena, representante de la organización “Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví señaló su apoyo y solidaridad con las comunidades de Isla Riesco y reiteró la grave situación que vive hoy la comuna:
“Nosotros apoyamos a las personas de isla Riesco y a ambas comunidades nos compete el tema del carbón ya que nosotras somos completamente dañados. Esperamos que estas medidas se depongan y que se tomen en consideración acuerdos internacionales.
Tenemos una situación dramática en Quintero y Puchuncaví. Hoy hay niños de quintero y Puchuncaví: 176 intoxicados, 96 los más intoxicados, 46 hospitalizados que se están derivando al Hospital Gustavo Fricke por que el Hospital de Quintero colapsó. No sé qué están esperando, si es que están esperando alguna muerte.”
Respecto de la situación en Quintero y Puchuncaví el diputado Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, apuntó al actuar negligente del gobierno señalando que “El gobierno hoy está dejando morir a la gente de Quintero y Puchuncaví. Yo denuncio una grave negligencia del Gobierno y el Ministerio del Medioambiente porque hoy día se ha privilegiado el status de las empresas y no el rol del Estado en controlar y evitar la toxicidad colateral que está afectando a la gente de Quintero”.
Estado de Chile se niega a suscribir a el Pacto de Escazú
El senador Alfonso de Urresti y la diputada Catalina Pérez denunciaron que el Estado de Chile se negó a suscribir el Convenio Internacional de Escazú y que pretende elevar y ponerse al nivel de estándares internacionales en materia medioambiental respecto de vinculación y participación de la comunidad.
Según señaló el senador de Urresti, el gobierno se habría comprometido hace un par de semanas con ello por lo que la decisión de no suscribir a el convenio sería un papelón internacional.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez calificó de impresentable la decisión del Ejecutivo dada la actual crisis sanitaria y ambiental que se está viviendo: “Es impresentable es que en medio de la mayor crisis medio ambiental del país, en medio de los compromisos del Gobierno en la línea de la firma del Tratado de Escazú y en la de fortalecer ese tratado en su proyecto de Ley de reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, hoy nos enteremos por la prensa que este tratado no va a ser firmado” .
