Parlamentarios del Frente Amplio solicitarán que relatores internacionales visiten la zona afectada, con objeto de recabar información, entrevistarse con las autoridades, organizaciones y adoptar todas aquellas medidas que estimen conveniente. Además, solicitarán a los alcaldes de Quintero y Puchuncaví hacer uso de sus facultades para solicitar el retiro de aquellas empresas que están produciendo emanaciones dañinas o desagradables para el sector (Art.160° LGUC)
El senador de la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre (RD) junto a Diego Ibáñez, diputado del distrito (MA), llegarán a instancias internacionales con el envío de una comunicación con más de 120 páginas de antecedentes dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo anterior, con el objetivo de poner en conocimiento y solicitar su intercesión en el conflicto sanitario – ambiental de alta gravedad producido en las últimas semanas en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
Según da cuenta el escrito, los parlamentarios señalan que “las autoridades no han actuado de manera competente por décadas al no ofrecer a la comunidad afectada un resultado positivo y oportuno, revelando de esta manera una insuficiencia e incapacidad en cuanto a la función preventiva y protectora que los obliga, configurando así una vulneración a los Derechos Fundamentales reconocidos tanto en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país y reconocidos por la comunidad internacional, así como también por la Constitución Política de Chile”.
Respecto de la presunción de la vulneración a los Derechos Fundamentales se mencionan los siguientes:
- A la vida, a la integridad física y a la salud: se presume seriamente que la contaminación ha generado un sinnúmero de enfermedades que han afectado y afectan la vida de las personas que viven en estas comunas. También, existen demandas por parte de la comunidad de mejorar los centros de salud que existen en las comunas, especialmente el Hospital de Quintero con programas y tecnología adecuadas para enfermedades asociadas a la contaminación, lo que hasta ahora no se ha cumplido.
- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación: se considera que se ha vulnerado este derecho, toda vez que el nivel de degradación del ecosistema de la Bahía de Quinteros es de tal magnitud que ha impactado la vivencia de las personas que habitan en sus alrededores, por la acción u omisión de las empresas estatales y privadas que conviven en el complejo industrial. Asimismo, existe una regulación estatal deficiente que no ha podido evitar el crecimiento de la actividad industrial contaminante, ni tampoco, poner límites efectivos a las emisiones que se generan en estas localidades, lo cual ha sido reflejado por los innumerables episodios críticos de intoxicación masiva de la población, los constantes derrames de hidrocarburos y carbón en la Bahía, la destrucción de la fauna acuática, la degradación de los suelos, entre otros que ya se han expuesto con anterioridad.
Las expresiones más dramáticas de esta negligencia corresponden a la inexistencia de una red de monitoreo independiente de las empresas que operan en el lugar, la falta de instrumentos adecuados para medir los niveles de contaminantes en el agua, aire y suelo y la incomprensible demora en la generación de un Plan de Descontaminación para la zona, el cual está mandatado por ley. Por último, el Estado no ha promovido una política de reparación de los daños que se han producido en el medio ambiente a la fecha, ni la posibilidad de indemnizar a los afectados.
- El Derecho a la Educación: La actual emergencia ha significado la interrupción constante de la actividad educacional, la que se mantiene suspendida al día de hoy. Esto es especialmente complejo debido a la alta concentración de pobreza de la población, siendo la educación uno de los principales medios de movilidad social. Sobre todo, respecto a los estudiantes que están terminando su educación escolar y se preparan para las pruebas de acceso a la Educación Superior.
El Senador Latorre dijo que “lo que vemos hoy en Quintero y Puchuncaví es una lamentable zona de sacrificio donde ha habido una negligencia por parte del Estado en cuanto a su función preventiva y protectora y una vulneración a los Derechos al medio ambiente libre de contaminación y a la salud de la comunidad”.
En tanto, el diputado Ibáñez agregó que “debido a que las medidas impulsadas por el ejecutivo no han estado a la altura de esta crisis, hemos iniciado esta campaña de presión internacional desde donde pretendemos generar propuestas normativas que obliguen al estado chileno a asumir principios internacionales de protección a los DDHH, y homologar la norma de calidad de aire, suelo y agua a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
El senador de Revolución Democrática dijo esperar la visita de relatores especialistas “para que conozcan desde la propia comunidad la gravedad de la situación y orienten al Estado de Chile sobre medidas que se puedan tomar al respecto a la altura de estándares internacionales”.
“En Chile tenemos el derecho medioambiental subordinado al crecimiento económico y a la propiedad privada, a las grandes empresas que se instalan en territorios. A Lo que prevalece por ende, en este cordón industrial de 17 empresas privadas y públicas es un afán de ganar dinero vulnerando los derechos humanos de la población”, añadió Latorre.
Por su parte, la Consejera Regional, Tania Valenzuela ofició al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Contraloría, respectivamente. En primer lugar, para “cambiar el PREMVAL de manera de frenar el cordón industrial en las comunas de Quintero y Puchuncaví, buscando que los sectores que hoy están disponibles para la ampliación o instalación de más empresas, hoy puedan quedar disponibles para parques áreas verdes como una medida de mitigación, pero también de mitigación ambiental”.
“También, se ofició a la Contraloría General de la República para que investigue el procedimiento, por el cual la Comisión de Uso del Borde Costero, liderada por el Intendente, votó a favor de la amplitud del puerto Oxiquim, una de las empresas que están siendo altamente investigadas y cuestionadas”, culminó la CORE independiente del FA.
